El Gobierno, la Educación y el 4%

“El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío”.

Horace Mann (1796-1859) Educador estadounidense.

Aunque ya me había referido a los problemas de la educación dominicana en un artículo anterior (ver “La Mafia Política y la Educación Dominicana”, 10 de Octubre del 2010), varias personas me han solicitado que ofrezca mi opinión sobre las actividades desarrolladas recientemente por varias organizaciones de la sociedad civil para reclamar el cumplimiento del Artículo 197 de la Ley General de Educación.

La hermosa jornada cívica emprendida por esas organizaciones pareció ser una pequeñísima luz al final del largo y oscuro túnel por el cual hemos venido transitando los dominicanos durante toda nuestra historia republicana.

A pesar de que los reclamantes no cedieron ante los intentos de quebrar su dignidad por parte de Leonel Fernández y sus funcionarios del área económica, de la Policía Nacional y del Congreso Nacional, lo cierto es que esa tenue luz parece haberse apagado y que el Gobierno ha vencido. Demostró que no estaba dispuesto a ceder ante esa leve presión social, así como no ha estado dispuesto a ceder ante ninguna otra reclamación de la ciudadanía, de modo que continuamos con la misma situación de deterioro progresivo de la educación dominicana, tal y como ocurre con los demás sectores vitales para el desarrollo social del país.

Las marchas, el uso de sombrillas y camisetas amarillas, las pancartas, las demostraciones frente al Congreso, las agresiones recibidas de la Policía, los stickers, los artículos publicados por algunos ciudadanos, los pronunciamientos de varios sacerdotes íntegros, el sometimiento de un recurso de amparo a la Suprema Corte de Justicia, el “lunes amarillo” y el apoyo de una parte de la población que se identificó con el reclamo del 4%, fueron todos argumentos y acciones insuficientes y fallidos para vencer la posición del Gobierno de no cumplir con la Ley General de Educación.

Lo cierto es que ahora esa jornada cívica se ha convertido en un recuerdo; uno más de los tantos que desaparecen rápida y definitivamente de la pobre memoria de los dominicanos.

Sin embargo, aunque sólo sea un ejercicio académico, hay aspectos y lecciones que han resultado de ese reclamo que vale la pena examinar.

El pueblo dominicano pudo confirmar, por enésima vez, que los políticos que han secuestrado el poder gobiernan al margen de la Ley, pues decenas de leyes vigentes, incluyendo la Constitución de la República, son violadas e incumplidas reiteradamente por los gobiernos de turno, sobre todo por el actual, como así lo reconoce y justifica su prepotente Ministro de Hacienda.

Por otro lado, el señor Agripino Núñez Collado, Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), quien desde hace décadas ha sido beneficiado por el Gobierno con numerosos privilegios, donaciones y transacciones inmobiliarias y que en muchas ocasiones parece ser el verdadero vocero del Gobierno de Leonel Fernández, no pudo quedarse callado, sino que se apresuró en declarar que la Ley General de Educación debía ser modificada para “ajustarla a la realidad”, porque “se contradice con las posibilidades [económicas] que tiene el Gobierno de cumplirla”.

La afirmación de Núñez de que el Gobierno no tiene posibilidades de cumplir con la Ley es una barbaridad. Su condición de Rector de una universidad debería convertirlo en un aliado de la educación y no en el defensor de un Gobierno que viola frecuentemente la Ley. Era su deber como promotor académico y persona de influencia en la vida nacional, haber expresado su opinión antes de que la Ley fuera aprobada y promulgada en 1997 por el mismo Presidente que gobierna actualmente el país, una evidencia más del poco respeto que este último siente por los dominicanos.

La supuesta condición de religioso de Núñez debió colocarlo al lado de la ciudadanía en su justo reclamo y no en el lado corrupto de un gobierno que explota de modo inmisericorde a la clase que Núñez debería defender, una clase que carece de todo. Era mejor quedarse callado, como hizo la más alta jerarquía de la iglesia católica, una complicidad reprochable, pero más elegante.

A principios del mes de agosto del 2010, Leonel Fernández afirmó en Nagua que “en la medida que avance la educación en el país, en ese mismo sentido se irá transformando la estructura económica y social para crear las condiciones que eleven las condiciones de vida de la población”. De igual manera, a finales de octubre del 2010 expresó en El Salvador, en uno de sus tantos viajes de vacaciones, que “el futuro de la juventud Iberoamericana tiene como principal desafío la educación, la cual debe ser planteada dentro del contexto de la nueva realidad del planeta”.

En teoría, parecería que Fernández estaba de acuerdo con los reclamantes del 4%.

Sin embargo, es este mismo señor el que manifiesta días después, en noviembre del 2010, que no destinará más recursos a la educación, “aunque el pueblo brinque y patalee”. Es el mismo señor que luego calificó de “falso debate” el reclamo de las organizaciones que respaldaron el 4% para la educación.

¿Cómo denominar a una persona así? ¿Teórico, hipócrita, cínico o perverso? Dejo la elección a la conciencia de ustedes, mis queridos lectores.

Por último, debo referirme al hecho de que fueron instituciones de la sociedad civil y ciudadanos de la clase media y de la clase alta los que organizaron y apoyaron con entusiasmo la jornada cívica del 4%. La principal beneficiaria de esa actividad, que es la clase más pobre, a la cual pertenecen los más de dos millones de niños y jóvenes que deberían asistir a las escuelas públicas, permaneció al margen de la misma, así como las organizaciones campesinas, comunitarias, regionales y sindicatos que la representan.

Lo anterior debería recordarnos la iniciativa de Angel Sosa, “El Peregrino”, aquel hombre pobre y desempleado, padre de seis hijos, quien, a principios del mes de agosto del 2006, hizo un peregrinaje a pie desde Dajabón hasta Santo Domingo con una cruz de madera a cuestas, en protesta por el estado de abandono de la zona fronteriza y por el incumplimiento del Gobierno de Fernández en la realización de pequeñas obras civiles que fueron prometidas a su provincia durante la campaña electoral del 2004. Luego de la acción de Sosa, las obras fueron iniciadas, pero abandonadas poco después, lo que motivó a “El Peregrino” a salir nuevamente con su cruz hacia la capital para efectuar, en la Plaza de la Bandera, una huelga de hambre en demanda de la terminación de las obras.

Independientemente del resultado final de tal hecho, en ambas ocasiones la actitud de la población, incluyendo a las organizaciones comunitarias de Dajabón y zonas aledañas, fue la de limitarse a ser un espectador pasivo de esos actos, como quien asiste a la función de un circo. Es la misma actitud exhibida en los últimos 40 años por la población del país y sus organizaciones cívicas y populares ante los poquísimos reclamos que se han elevado durante ese período. En estas cuatro décadas nos hemos convertido en un pueblo apático, pusilánime y poco solidario.

¿Es válido el reclamo del 4%? De haberse logrado, ¿Se resolvería el problema de la educación dominicana?

Creo que el reclamo es totalmente válido, pero estoy seguro que, de haber sido exitoso, no se hubieran resuelto los graves problemas que tiene la educación pública de nuestro país.

Hay un aspecto que Leonel Fernández comentó en El Salvador y en el cual considero que tiene, desafortunadamente, la razón: El aumento del presupuesto destinado a la educación no garantiza, por sí solo, una mejoría en el desempeño de los estudiantes.

El desastre que constituye la educación dominicana no es solamente un problema de falta de dinero.

Estoy convencido de que el monto total de los recursos que se destinan anualmente a la educación pública con cargo al presupuesto nacional deberían rendir sustancialmente mejores resultados que los que se obtienen en la actualidad. Tal como dijo, en su acostumbrado cinismo, el señor Fernández: “no se trata sólo del volumen de inversión, sino de la calidad de la inversión, de la calidad del desempeño y de la filosofía educativa que defina los contenidos curriculares de la educación”.

Lo considero cinismo porque, quien así se expresa es el Presidente de la República Dominicana, el principal ejecutivo de la Nación, el Jefe del Ministro de Educación, que tiene todos los poderes que le confiere la Constitución de la República y que maneja directamente un porcentaje importante del presupuesto nacional. Es esa la persona que ostenta el cargo de Presidente: una persona que ha demostrado una y mil veces que está consciente de lo que hay que hacer, pero que no tiene el interés o la capacidad gerencial para hacerlo.

En lo que a nuestro tema a refiere, yo creo que es incorrecto aislar el problema de la educación de los demás problemas nacionales y tratar de lograr un aumento de la inversión en ese sector sin tomar en cuenta los cambios significativos que la estructura del sistema educativo requiere y la estrecha interrelación que existe entre el mismo y los demás sectores nacionales.

La educación no puede ser vista separadamente de la salud, de la alimentación, de las acciones contra la pobreza, de los servicios públicos, de la ejecución oportuna de una política que promueva el empleo y el desarrollo humano, de la institucionalidad y del manejo pulcro de las instituciones públicas.

Estoy seguro que la mayoría de los dominicanos conscientes saben que la educación dominicana requiere, para ser eficaz, de una extensa y profunda transformación en términos de la calidad del profesorado, de la infraestructura física, de la filosofía y métodos de enseñanza y del acceso a la tecnología moderna e, igualmente importante, de una sustancial mejoría en el ambiente familiar y comunitario en el cual se desarrollan los niños y jóvenes que asisten a las escuelas. Pero también sabemos que, independientemente de las dudas existentes sobre la pulcritud en el manejo de los fondos públicos por parte de los actuales funcionarios, el Ministerio de Educación no tiene la capacidad administrativa para lograr los resultados deseados en un plazo razonable, ni siquiera teniendo a su disposición la totalidad de los recursos del presupuesto nacional.

A mi juicio, es elemental, y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de ello, que el que no sirve para manejar lo poco, mucho menos servirá para manejar lo mucho. Con el nivel de corrupción e impunidad que han propiciado los presidentes que han gobernado el país en los últimos tres lustros sería casi imposible que un aumento de los recursos al nivel que dispone la Ley General de Educación tenga los efectos deseados por las organizaciones de la sociedad civil.

Mi opinión es que el reto principal que debe asumir la sociedad civil es, en estos momentos, mucho más amplio y complejo que demandar solamente el cumplimiento del 4% para Educación. Ese reto se relaciona directamente con el cumplimiento de la propia esencia de lo que debe ser y hacer el Gobierno Dominicano. Es ahí justamente donde deben estar concentradas todas nuestras acciones de protestas y reclamos.

Así como la misión de los administradores de edificios de apartamentos es ocuparse de todas aquellas tareas que por su naturaleza general no pueden ser atendidas individualmente por los condóminos, debido a que resultarían más costosas y conflictivas para estos últimos, de igual modo un gobierno debe dar prioridad a aquellas tareas que resultarían muy costosas y conflictivas si los ciudadanos tuvieran que realizarlas individualmente. Esa es la verdadera razón de que exista un gobierno.

Si bien es cierto que los gobiernos tienen también, por delegación expresa de la ciudadanía, una función de inversión y redistribución de ingresos, a fin de mantener el equilibrio social mediante políticas que promuevan la justicia social, lo indiscutiblemente cierto es que la verdadera y principal obligación de cualquier Gobierno con la ciudadanía y a beneficio de ella es ocuparse de las tareas básicas o prioritarias que se encuentran expresamente consagradas en nuestra Constitución y entre las cuales se destacan las siguientes: (a) dotarlos de una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades; (b) brindarles asistencia y protección eficaz de salud; (c) proveerles de servicios públicos adecuados (agua potable, energía eléctrica, recogida de basura, servicios sanitarios y ornato, entre otros); (d) ofrecerles una justicia accesible, oportuna y gratuita, como parte de una tutela judicial efectiva por parte del Estado; (e) darles la oportunidad de un empleo digno y remunerado; (f) garantizarles seguridad alimentaria; y (g) proporcionarles garantías de libertad, dignidad humana y seguridad e integridad personal.

Todo lo demás es secundario.

Construir presas, canales de riego, puentes, carreteras, caminos vecinales, túneles, elevados, multifamiliares, metros, pavimentar calles y efectuar otras inversiones de naturaleza similar, son importantes para estimular el crecimiento de la economía, pero no genera progreso humano. Solo cuando el Gobierno cumple con sus obligaciones fundamentes y destina los recursos que son necesarios para cumplir cabal y eficazmente con los asuntos prioritarios que se indicaron más arriba, al tiempo que hay institucionalidad y un verdadero control de la corrupción, es que el país se desarrolla.

Repito, porque es importante hacerlo, que si se ejecuta lo primero sin prestar atención a lo segundo, que es precisamente nuestro caso, nunca habrá desarrollo económico y se producirá concentración del ingreso, altos niveles de pobreza, exclusión social, corrupción y todos los males que se derivan de esta última, incluyendo delincuencia, narcotráfico y lavado de dinero. Habrá crecimiento, pero no desarrollo.

Las administraciones de los últimos 14 años, encabezadas por Hipólito Mejía y Leonel Fernández, han sido funestas para nuestro país, por cuanto sus prioridades siempre han estado enfocadas en lo secundario, en obras civiles y en actividades (especialmente endeudamiento público y clientelismo) que llenan los ojos a una masa considerable de ignorantes y que han convertido esas acciones del gobierno en un excelente negocio para los gobernantes, para su camarilla de funcionarios y para sus allegados.

La corrupción que estos gobernantes han propiciado a través de dichas obras y actividades los han convertido a ellos y a sus grupos no sólo en personajes poderosos, sino en la nueva clase empresarial del país, la de mayor poder, gracias a la Ley que ellos mismos se aprobaron y a la impunidad pactada entre ellos para garantizar su ascenso económico y político.

El sistema de corrupción y de gobierno clientelista desarrollado por Joaquín Balaguer les vino como anillo al dedo, de modo que los dos últimos presidentes han copiado ese sistema y lo han mejorado para su provecho personal y el de sus cómplices.

Durante décadas los gobiernos han descuidado sus obligaciones básicas para dedicarse a las inversiones que les representan mayores posibilidades de enriquecimiento personal con impunidad y a repartirse, con nuestro permiso y bendición, una gran parte del dinero que pagamos por impuestos, de modo que actualmente todos los sectores a los cuales debería darse atención prioritaria se encuentran convertidos en verdaderos desastres y se requerirá de esfuerzos extraordinarios para lograr su recuperación y adecuado funcionamiento.

En consecuencia, no es el cumplimiento del 4% que las organizaciones de la sociedad civil y toda la población dominicana deberían estar reclamando, sino el de los deberes fundamentales del Gobierno, cuyo incumplimiento nos afecta tan negativamente a todos y nos impide lograr el verdadero progreso como seres humanos y como sociedad.

Y no veo otro modo para lograr esa meta que no sea unirnos, protestar, luchar, rebelarnos, llegar hasta donde haya que llegar, incluso a la desobediencia civil si fuese necesario, con tal de que el Gobierno finalmente cumpla con las obligaciones básicas que consagra nuestra Constitución, ese pedazo de papel que ningún gobernante ha respetado debido a nuestra dejadez y que a tan sólo un año de haber sido aprobada su más reciente versión, ya ha sido violada varias veces sin que los dominicanos mostremos ninguna reacción.

Si no nos sublevamos ahora, tendremos muy bien merecidos todos los males que estos políticos delincuentes han cargado sobre nuestras espaldas para que vivamos siempre de mal en peor.

Como muy bien expresó Ghandi: “"Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos."