El Imbécil Dominicano y la Presión Tributaria

“Hay dos cosas infinitas: el universo y la imbecilidad humana. Yo aún dudo de la primera”.

Albert Einstein (1879-1955) Físico Alemán

Aunque muchas personas utilizan los términos estúpido, imbécil e idiota como sinónimos, lo cierto es que existe una diferencia significativa entre ellos.

Los congresistas y el Presidente de la República y sus funcionarios, no sólo de este Gobierno, sino de los anteriores, nos tratan frecuentemente como verdaderos imbéciles, mientras nosotros hacemos todo lo posible para estimularlos a que lo sigan haciendo, pues no cabe duda de que generalmente nos comportamos como tales.

Uno de esos ejemplos, de los tantos que tienen lugar diariamente, es la declaración de Juan Temístocles Montás, al presentar la llamada “Estrategia Nacional de Desarrollo”, en la Cámara Dominico-Mexicana de Comercio. Montás dijo que “la República Dominicana no podrá alcanzar el desarrollo si el Estado no aplica una mayor presión tributaria” y que “algunos sectores de la economía local quieren los beneficios de los países ricos, sin hacer mayores aportes a las arcas públicas”.

Montás nos quiere dar la impresión de que los Gobiernos de la República Dominicana promueven el desarrollo económico, lo cual es absolutamente falso. Sus afirmaciones sólo forman parte de la estrategia del Gobierno para convencernos de la necesidad de aumentar los impuestos a los dominicanos.

Declaraciones similares fueron ofrecidas por Rafael Alburquerque cuando se refirió a la necesidad de aumentar los impuestos para mantener la estabilidad macroeconómica del país.

La misma estrategia se utilizó en el Gobierno de Hipólito Mejía y en gobiernos anteriores. En esas ocasiones, y como una forma de extorsión, los funcionarios públicos llegaron a afirmar que el sector empresarial debía pagar “el precio de la democracia”.

La presión tributaria no es más que un indicador económico que mide el porcentaje que los ciudadanos de un país aportan al Estado por concepto de impuestos y resulta de dividir el monto total de los impuestos pagados efectivamente por particulares en un período determinado, usualmente un año, entre el producto interno bruto del país en ese mismo período. Se entiende por producto interno bruto (PIB) el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período específico, normalmente un año.

En países con altas tasas de evasión fiscal, como es el caso nuestro, el Gobierno acostumbra a elevar la presión tributaria sobre los habitantes con menos posibilidades de evasión; es decir, sobre personas como usted y como yo.

Montás indicó que nuestra presión tributaria es de un 13%, mientras en los países desarrollados alcanza, en promedio, un 40%. Aunque no lo dijo en ese acto, sé que en países como Suiza y Suecia la presión tributaria llega hasta un 50%.

Sin embargo, como muy bien expresó el Engendro del Mal, “No somos suizos”.

Aunque parecería que gran parte de los ciudadanos dominicanos somos imbéciles, hay que reconocer que, definitivamente, nos somos idiotas.

En los países desarrollados la presión tributaria puede llegar a niveles tan altos porque los gobiernos de esas naciones cumplen efectivamente con la misión que sus respectivos pueblos les han encomendado, debido a la forma eficaz en que utilizan los recursos provenientes de los impuestos.

Es un uso que beneficia en muchos aspectos a la población de esos países, tanto en términos de servicios públicos adecuados como en lo concerniente al correcto funcionamiento de las instituciones oficiales, al cumplimiento de las leyes, al excelente desempeño de la educación, la salud, la justicia, la seguridad, la distribución de ingresos y el equilibrio social. Al mismo tiempo, esa presión tributaria se aplica prácticamente a todos los ciudadanos, porque la evasión fiscal es mínima.

En nuestro país ocurre todo lo contrario.

Los recursos que se derivan de los impuestos en la República Dominicana son usados por nuestros congresistas, gobernantes y funcionarios para proporcionar servicios públicos que sólo pueden ser calificados de pésimos, para producir un deterioro progresivo en la educación, la salud, la justicia y la seguridad, así como para desvirtuar las funciones de las instituciones públicas, para promover el incumplimiento de las leyes, para fomentar la injusticia social y el clientelismo y para convertir a los pobres en marginados e indigentes, pero sobre todo para engrosar el patrimonio personal de esos congresistas, gobernantes y funcionarios a través de la corrupción rampante y de su complicidad con delincuentes y narcotraficantes, mientras los que pagamos impuestos permanecemos callados y resignados: con razón piensan en nosotros como imbéciles o tontos con p.

Lo que muchos no saben, empero, es que aproximadamente un 43% del monto total de los impuestos que pagamos son destinados por el Gobierno al pago del servicio de la deuda pública, tanto interna como externa. Es un porcentaje que ha aumentado sustancialmente en los últimos años, porque nuestros gobernantes y funcionarios han encontrado una mina de oro en el endeudamiento, tanto desde el punto de vista personal como político.

Economistas que asesoraban al gobierno de Hipólito Mejía llegaron a expresar que las posibilidades de endeudamiento de la República Dominicana eran “ilimitadas”. ¡Qué gran noticia para los integrantes de ese Gobierno y del que le sucedió en el poder!

De ahí en adelante, la deuda pública ha crecido a un ritmo impresionante.

Debemos manifestar, de modo categórico, que la afirmación de esos asesores no fue más que un disparate y que sus razones para incurrir en tal desliz profesional deben haberse originado en un interés cuestionable, por cuanto provenían de profesionales reconocidos como capaces.

No hay persona física o jurídica que pueda sobrevivir a la catástrofe financiera que resultaría de mantener un nivel cada vez más alto de endeudamiento y que comprometa un porcentaje cada vez más elevado de sus ingresos. Ese razonamiento también se aplica a cualquier país atrasado como el nuestro. Y es algo que, a pesar de nuestra imbecilidad aparente, estoy seguro que todos entendemos.

El presupuesto nacional del 2010, ascendente a RD$378,997 millones y aprobado como sello gomígrafo por los ocupantes del Congreso, incluye las partidas que se emplearán para el pago de la deuda pública, además de la emisión de US$1,000 millones de Bonos Soberanos y de otros muchos empréstitos internacionales, cuyos recursos han sido y serán empleados para la realización de “obras de infraestructura”, para distintos programas de "desarrollo económico y social", para pagar deudas con generadores de electricidad, para cubrir gastos de campañas políticas y de los partidos locales y para aumentar las fortunas personales que los políticos han acumulado al paso de los años, entre otros.

Todo el endeudamiento contraído por los gobiernos dominicanos y el enriquecimiento desmedido de congresistas, presidentes, funcionarios y oficiales de las fuerzas armadas y de la policía que dirigen nuestros destinos, así como de sus familiares, amigos, relacionados y cómplices, han sido y deberán ser cubiertos por todos nosotros, a través de los impuestos que pagamos en su beneficio. Ese es uno de los grandes costos que debemos asumir los dominicanos para tener la “democracia” que manejan a su antojo los que nos gobiernan y que nosotros bien nos merecemos por lo imbéciles que somos.