Violencia y Delincuencia en el País: ¿Qué Hacer para Detenerlas?

"La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas".

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica.

Tras oficiar la misa del Día de la Navidad, el Arzobispo de Santo Domingo aseguró que es absolutamente posible cambiar el rumbo de delincuencia, corrupción e impunidad que lleva el país, y señaló que lo que hace falta es “apretar un poco más la tuerca”. “Eso es muy sencillo, no hay que hacer muchas disquisiciones; los delincuentes se están identificando y no andan  agachados, sino que están insolentemente ante las autoridades. Por consiguiente, vamos a atacarlos de frente”.

De igual modo, varios de los flamantes diputados que este pueblo paga para que roben nuestro dinero, recomendaron al Jefe de la Policía Nacional, “ajusticiar y darles pa’bajo a los delincuentes”.

Me parece que la opinión del Arzobispo es muy simplista, impropia de un representante de nuestro Señor Jesucristo y con muy pocas posibilidades de tener éxito, si se llevara a cabo lo que él sugiere entre líneas. A su comentario de la corrupción no me referiré, pues él ha vivido mucho más tiempo que nosotros al lado de los corruptos y compartido con ellos y debe saber bien lo que dice. Nosotros, en cambio, como pueblo, sólo hemos sufrido las consecuencias de la corrupción.

Sobre la barbaridad  expresada por los diputados, es preferible no perder el tiempo comentando semejante disparate.

Sin embargo, es una realidad que la República Dominicana se encuentra afectada por una oleada de violencia que no tiene precedentes.  A pesar de que el mismo fenómeno social también se verifica con distintos grados en las demás naciones del mundo, en nuestro país se registra uno de los índices más elevados de este flagelo.

De hecho, los episodios de violencia en esta nación son cada vez más numerosos y graves sin que se perciba una posible mejoría en el corto o mediano plazo y, aunque todos nos sentimos preocupados por sus efectos, hay que convenir que es muy poco lo que estamos haciendo o hemos planeado hacer, individual o colectivamente, para resolver la situación.

Lo peor es que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los cuales tienen el deber de representarnos y les hemos dado todo el poder  y las vías para enfrentar el problema, han permitido su expansión y han propiciado, con su enorme descuido, irresponsabilidad  y errores garrafales, que la violencia continúe ganando terreno.

La violencia se manifiesta de manera preponderante en las clases más bajas, pero la sociedad dominicana ha llegado a un punto en el cual nadie se escapa de caer en sus redes, bien sea por problemas pasionales, intrafamiliares, sociales, de tránsito  o de drogas y es indudable que esta situación pone en peligro la seguridad ciudadana, la gobernabilidad  y nuestra vida en sociedad.

La hermana gemela de la violencia es la delincuencia y esta última ha alcanzado niveles tan  escandalosos en la República Dominicana que ningún ciudadano tiene la seguridad de preservar su vida, ni cuando sale a la calle ni cuando permanece en el interior de su hogar.

Mientras el Artículo 42 de la Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia y que el Estado le dará protección en caso de amenaza, riesgo o violación de la misma, la verdad es que en este país la población vive a su suerte, sin ningún tipo de protección que la ampare, pues el Gobierno hace caso omiso a ese deber y hasta los mismos integrantes de los cuerpos del orden público están participando o encabezando bandas de delincuentes o en actividades de narcotráfico.

El Artículo 42 también condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas e incluso llega a indicar que el Estado garantizará mediante Ley la adopción de las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Cuando uno lee estas palabras no puede menos que indignarse, pues los gobernantes de turno y sus funcionarios han manejado recursos más que suficientes para cumplir con esta disposición y, sin embargo, lo único que han hecho ha sido robar y dilapidar abiertamente el dinero que pagamos como impuestos.

Mientras tanto, la espiral de violencia y delincuencia que se ha generado en la República Dominicana está creciendo progresivamente y es difícil detener su crecimiento si no se resuelven primero algunos severos problemas de naturaleza social y económica que padece el país. Una vez que la violencia y la delincuencia han echado raíces, como es el caso nuestro, nunca se detienen de manera espontánea, sino que aumentan con el transcurrir del tiempo. No tenemos que ser muy inteligentes para estar conscientes de ello.

Cuando echamos una ojeada al número de homicidios, robos, atracos, asaltos, secuestros, violaciones, maltratos y abusos de menores y de mujeres adultas, suicidios y otros hechos similares, no podemos más que sentirnos sobrecogidos por la gravedad de la situación por la cual atravesamos. Para muestra basta un botón: ha habido más de 2,500 homicidios en el país desde el 2004. Y revertir esa tendencia creciente de la violencia y la delincuencia requiere del concurso de toda la ciudadanía, pero especialmente del Gobierno y de los recursos de que dispone.

Contrariamente a como lo percibe el señor Arzobispo, considero que debemos analizar primero cuáles son las causas principales que nos han empujado a vivir como prisioneros dentro de nuestro propio hábitat y luego ver cuáles son las soluciones más idóneas para enfrentarlas con éxito.  La enumeración que haré a continuación no es necesariamente exhaustiva, ni  se encuentra detallada por orden de importancia, pero sí contiene las razones más significativas de la violencia y la delincuencia que azotan el país. Por cuestión de espacio, trataré de ser lo más escueto posible al comentar dichas causas.

1.  La pobreza y la desigualdad social.  La pobreza del país ha alcanzado niveles alarmantes. Casi un 50% de la población dominicana vive en condiciones de pobreza o de pobreza absoluta. Eso significa que aproximadamente cinco millones de personas no tienen acceso a una buena educación, ni a sistemas de salud apropiados, ni a servicios públicos efectivos.  Sus viviendas, si es que las tienen, son casuchas destartaladas, sin suficiente espacio para vivir adecuadamente. Tienen mala alimentación y ellos y sus hijos sufren de desnutrición y enfermedades. No tienen dinero para comprar ropa o calzados. No tienen transporte propio y la mayoría de estas personas en edad de trabajar están desempleadas y no tienen acceso a la oportunidad de progresar. La desigualdad social que hoy prevalece en el país hace que un alto porcentaje de ciudadanos tengan menos acceso a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. En fin, viven en una situación calamitosa de exclusión social. La pobreza y la desigualdad social son causas importantes en la violencia y delincuencia que vive el país.

2.  El alto nivel de desempleo que prevalece entre los jóvenes de las clases más pobres.  Si a los jóvenes que se gradúan en nuestras universidades les resulta difícil encontrar empleo, a los pobres y no preparados les resulta casi imposible, por lo cual les es extremadamente complicado hallar una salida a su situación y a la de la familia a la que pertenecen. Los jóvenes de los barrios de las distintas provincias del país, especialmente las de mayor concentración poblacional, viven en condiciones deplorables y de hacinamiento. Son jóvenes frustrados por una pobreza sin solución, carentes de una formación humana apropiada, y rodeados de un ambiente familiar y social hostil que estimula la violencia, las pandillas y el comercio de las drogas. Son jóvenes que han recibido de nuestras autoridades corruptas el ejemplo del enriquecimiento ilícito y la impunidad y que han comprobado la facilidad de permanecer libres después de delinquir reiteradamente, como resultado de las debilidades del sistema judicial dominicano.

3.  La baja calidad de la educación.   Como ya escribí en un artículo anterior, muchos de los graves problemas que enfrenta hoy la sociedad dominicana se deben a la existencia de un sistema educativo completamente ineficaz, improvisado, falto de coordinación efectiva, inadecuado y carente de la aplicación de objetivos y estrategias bien diseñadas y ejecutadas. El sistema educativo dominicano no está estructurado para preparar a los estudiantes y transformarlos, de modo que puedan competir en un mundo que es cada vez más complejo desde el punto de vista económico y tecnológico. A pesar de que ha sido un paso positivo que el presente gobierno haya cumplido con la Ley y le concediera al sector educativo el 4% del PIB que le corresponde y que la sociedad reclamara ardientemente, lo cierto es que el desastre que constituye la educación dominicana no es solamente un problema de falta de dinero, sino también de otros factores importantes para que la educación cumpla con la misión de convertir a niños y jóvenes en los adultos exitosos del mañana. Si el país no cuenta con un sistema educativo eficaz, es casi imposible alcanzar el verdadero desarrollo económico y social y que la juventud más pobre tenga la motivación y las condiciones necesarias para prepararse y conseguir empleo. Esa imposibilidad conduce a un círculo vicioso del cual es muy difícil salir y que genera violencia y delincuencia.

4-  Desintegración familiar.  La mayoría de nosotros sabe que la familia es la base de la sociedad. Nuestra realidad es que la familia dominicana se encuentra en pleno proceso de desintegración y eso tiene efectos devastadores para la sociedad.  De cada 100 hogares dominicanos, 41 están encabezados por sólo uno de los progenitores, generalmente la madre, mientras los padres se han desentendido del cuidado y protección de sus hijos. Esa situación de abandono y pobreza constituye el caldo de cultivo que genera la violencia intrafamiliar y la delincuencia, ya que la madre no puede suplir todas las necesidades materiales y emocionales de sus hijos, bien sea porque debe ocuparse de buscar el sustento diario o porque no encuentra empleo o porque su poca preparación no le permite dar el apoyo emocional y la formación humana y cívica que requieren sus hijos.

5.  La creciente inmigración haitiana.  En la República Dominicana hay aproximadamente 1.5 millones de haitianos, la mayor parte de ellos ilegales. Es un gran negocio para jefes militares, políticos y empresarios, pero con nefastas consecuencias para la clase pobre y  para nuestra nacionalidad, identidad nacional, cultura y valores patrios. Los haitianos, que sólo se contrataban como mano de obra barata en los ingenios azucareros, ya se encuentran trabajando en los sectores de la construcción, de la agricultura y de los servicios, tales como el turismo, el servicio doméstico, vigilancia, venta de frutas y mendicidad, entre otros. El efecto más negativo de la inmigración haitiana sobre el empleo de dominicanos es que ha deprimido sustancialmente el nivel de los salarios, causando así un aumento en el índice de desempleo, sobre todo entre los jóvenes dominicanos. La creciente inmigración haitiana está llevando a nuestra nación hacia una amputación de su porvenir económico y social.

6. Nuestro sistema judicial está podrido, especialmente el área penal.  La justicia dominicana es un mercado donde se venden sentencias y conciencias, sin contar con el hecho de que la redacción del actual Código Procesal Penal favorece la violencia y la delincuencia, al permitir a cientos de delincuentes permanecer en libertad para seguir delinquiendo y acumular fichas criminales. La mayoría de los fiscales no tiene la capacidad, ni los recursos humanos y tecnológicos a su alcance, para hacer las investigaciones que les corresponden y para servir como representantes del pueblo contra los que transgreden la Ley. De ahí que los imputados, sin importar la gravedad de su delito, puedan quedar libres en perjuicio de la sociedad, en un país donde las leyes no se respetan porque el Estado es incapaz de cumplir con su misión fundamental de proteger a la ciudadanía.  

Como el amable lector comprenderá, las soluciones que existen para controlar debidamente estos graves problemas, que sólo promueven la violencia y la delincuencia, no son tan simples como plantean nuestro Arzobispo y un grupo de diputados.  La violencia y la delincuencia no se resuelven matando a los violentos y a los delincuentes. Las soluciones definitivas son más complejas de ejecutar y lograr. Y aun cuando se adopten las medidas que se necesitan, los resultados no se verán en el corto o mediano plazo. Estos problemas requieren condiciones específicas que difícilmente se van a producir, a menos que los que gobiernan hoy el país  y los que les sucedan en el futuro dediquen sus mejores esfuerzos a gobernar para beneficio del pueblo y no para el de ellos mismos, al tiempo que nosotros los dominicanos abandonemos nuestra cómoda posición de indiferencia social y falta de solidaridad.

¿Cuáles son esas posibles soluciones?

En cuanto a la pobreza, la desigualdad social y el desempleo, resulta evidente que la lucha para combatir estos serios problemas no puede fundamentarse en el modelo económico que ejecuta actualmente el Gobierno, porque ese modelo sólo conduce a crecientes déficit fiscales, aumentos de impuestos, mayor endeudamiento público, aumento del sector Servicios, especialmente el turismo y el comercio informal, en detrimento de la actividad manufacturera y agrícola, así como una peor distribución del ingreso, lo cual genera una gran injusticia social. Si a eso agregamos el alto nivel de corrupción de nuestros gobernantes y la inoperancia de las instituciones públicas, tenemos un cuadro bien sombrío.

En tal virtud, sería necesario que el Gobierno concentrara su política económica en estimular la inversión privada local y extranjera en manufactura y agricultura, en adición a los servicios, y propiciar así la creación masiva de empleos en las distintas provincias del país, con reglas claras y expeditas que se correspondan con un orden jurídico y fiscal que promueva esa inversión, al tiempo que complementa esa política con inversiones públicas que apoyen la iniciativa privada y con una asistencia social eficaz y respaldo a un programa privado, bien organizado, de microcréditos a las mujeres que son cabezas de hogar.  

En lo que al sistema educativo se refiere, es imprescindible que las autoridades se concentren en la debida ejecución de los programas y la definición clara del contenido curricular, así como contar con el asesoramiento y participación directa de entidades educativas, profesores y estrategas extranjeros que contribuyan a elevar sustancialmente el nivel de la enseñanza y la calidad de los programas, de modo que se detenga, de una vez por todas, la vergüenza de tener un alto porcentaje de bachilleres que fracasan todos los años en las pruebas nacionales, especialmente en ciencias, gramática y matemáticas.   

La improvisación sigue siendo uno de los mayores obstáculos para cambiar el panorama educativo. El ejemplo más obvio de ello lo constituye el hecho de que se entregaron sumas considerables a los ingenieros que resultaron favorecidos para construir nuevas aulas, sin que se identificaran previamente los terrenos donde serían construidas. Por otro lado, y esto es el colmo, ¿Cómo es posible que los propios profesores dominicanos se opongan a recibir asistencia técnica y a la contratación de profesores de instituciones educativas extranjeras para elevar su nivel de preparación académica, lo cual sólo contribuiría a mejorar la compensación económica que reciben y la calidad de la docencia que imparten?

Las estadísticas demuestran que una mayor educación aumenta la calidad de vida de las personas, tanto en términos de ingresos como en términos de otros indicadores sociales, sobre todo la reducción de la violencia intrafamiliar, de embarazos indeseados y de enfermedades de transmisión sexual. Es un hecho comprobado que la delincuencia disminuye cuando existen mayores oportunidades de educación. El establecimiento de escuelas con buenos profesores y facilidades en los barrios más pobres y marginados de las diferentes regiones del país reduciría considerablemente la violencia y la delincuencia y ofrecería una salida a la juventud.  Pero debemos entender que todo eso tomará su tiempo para que se vean los resultados positivos.

Tal como escribí en un artículo anterior, es incorrecto aislar el problema de la educación de los demás problemas nacionales. Es una insensatez tratar de lograr un aumento de la inversión en ese sector sin tomar en cuenta los cambios significativos que la estructura del sistema educativo requiere y la estrecha interrelación que existe entre el mismo y los demás sectores nacionales. La educación no puede ser vista separadamente de la salud, de la alimentación, de las acciones contra la pobreza, de los servicios públicos, de la ejecución oportuna de una política que promueva el empleo y el desarrollo humano, de la institucionalidad y del manejo pulcro de las instituciones públicas. 

En lo relativo a la inmigración haitiana, Bosch tenía razón cuando en 1964 escribió que Haití nos está arrastrando de manera inevitable al mismo caos que ha existido en esa nación desde que hizo su revolución. Y ese caos se está reflejando en la República Dominicana en forma de pobreza, ignorancia, violencia y delincuencia. Por ello, es necesario que se aplique la Ley de Migración y su Reglamento y que todos los haitianos que se encuentran ilegalmente en nuestro país sean localizados y repatriados. Al mismo tiempo, es justo e imprescindible que los salarios se ajusten a las condiciones económicas que prevalecen en la actualidad, de manera que se estimule el empleo de mano de obra dominicana.

En cuanto a la justicia, es imperioso revisar exhaustivamente el Código Procesal Penal y convertirlo en un instrumento legal que ponga un freno a la delincuencia, en vez de promoverla, como ocurre ahora. Al mismo tiempo, deben establecerse, con la ayuda de gobiernos extranjeros, programas de capacitación a fiscales y jueces.  El mercado de las sentencias debe ser erradicado de una vez por todas, pero hay que tener presente que la justicia dominicana no mejorará nunca, a menos que se destierre  de raíz la corrupción rampante que existe a todos los niveles en los tres poderes públicos.

Como hemos visto, controlar la violencia y la delincuencia requiere de toda una serie de medidas y acciones que tienen que ver con distintas realidades de la vida nacional. Será muy difícil, por no decir imposible, que esto pueda lograrse si nuestros gobernantes no cumplen con las obligaciones que les consagra la constitución y no se ajustan al deber sagrado de servir al pueblo y de velar por su seguridad, bienestar y felicidad y si el pueblo no deja a un lado su apatía y se dedica a reclamar sus derechos y a defender su dignidad con la energía que fuere necesaria.