¡Apoyemos al Dr. Guillermo Moreno!

"La corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos y suele ser la razón principal de sus desgracias sociales".

Jorge González Moore (1974 -), Escritor Colombiano

No tengo el  honor de conocer personalmente al Dr. Guillermo Moreno, ni tampoco pertenezco a su Partido Alianza País, ni a ningún otro partido político.

Sin embargo, los dominicanos debemos reconocer en el Dr. Moreno a una persona que está cumpliendo con su deber como ciudadano y lo está haciendo de manera ejemplar, para tratar de poner fin a la impunidad y al robo descarado que los gobernantes y sus funcionarios hacen del dinero que pagamos por concepto de impuestos.

Debemos recordar que a principios de noviembre del 2012 el Dr. Moreno apoderó al Procurador General de la República de un sometimiento en contra de Leonel Fernández, Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista. Contra el primero por haber admitido que usó fondos públicos para pagar “nominillas”, para financiar parte de la campaña electoral de Danilo Medina y para cubrir los costos de viajes cuyos fines consistían en la firma de acuerdos privados de Funglode, todo lo cual contribuyó al enorme déficit fiscal del 2012. Contra Díaz Rúa y Bautista por haber desarrollado esquemas de sobrevaluación y sobre-ejecución en la construcción de obras del Estado.  Lo que se solicitaba al Procurador General mediante este sometimiento era que diera inicio formal a la investigación de los hechos denunciados y que todo el país reconoce como una verdad.

Sin embargo, también recordamos que tan sólo una semana después, el Procurador General  desestimó la denuncia, indicando que no había elementos que comprometieran la responsabilidad penal de Fernández y señalando, además, que él sentía un gran respeto por Leonel Fernández, de quien dijo que “creó un trato profundamente humano, decente y respetuoso con las personas”.

Más que interpretar esa barbaridad jurídica como falta de carácter, voluntad y compromiso para enfrentar la corrupción y la impunidad, según dijo el Dr. Moreno que el Procurador General demostró, lo que éste evidenció fue su lealtad al Partido de la Liberación Dominicana y su total adhesión a Leonel Fernández y a su inmenso poder político. Para hacerlo, tuvo que llegar a la irresponsabilidad de incumplir con los deberes de su cargo.

En esta ocasión, el Dr. Moreno, luego de haber tenido acceso a un apreciable volumen de informaciones que constituyen pruebas fehacientes de otros de los tantos delitos cometidos por Leonel Fernández como Presidente de la República y a través de su Fundación, las ha utilizado para depositar en la Fiscalía del Distrito Nacional una denuncia-querella contra Fernández y Funglode por lavado de activos, entre otras violaciones al Código Procesal Penal. De acuerdo con el acto sometido por el Dr. Moreno, Fernández y Funglode recibían donaciones multimillonarias de empresas y contratistas mediante varias modalidades irregulares.

El Dr. Moreno expresa en la denuncia-querella que “Leonel Fernández, valiéndose de su condición de Presidente de la República y usando como instrumento a Funglode, puso bajo su dominio y disposición un considerable patrimonio económico que maneja en su propio provecho y que muchos de los recursos captados para esa Fundación antes del 16 de agosto del 2000 fueron colocados en una cuenta corriente personal en el Banco Intercontinental a nombre del señor Manuel Alexander Rodríguez Casado, la cual se alimentaba de los aportes de empresas favorecidas con obras del Gobierno”. Los depósitos se hacían mediante la compra en efectivo, por parte de un tercero, de un cheque de administración cuyo importe se acreditaba a la cuenta de Rodríguez Casado, lo cual impedía que la procedencia de los fondos fuese explícita y que se pudiera determinar el origen de los fondos recibidos.

Así mismo, la denuncia-querella establece que “el retorno de Fernández al poder en el 2004 le facilitó la recaudación de fondos extraordinarios y percibirlos para sus actividades personales por vía de un considerable tinglado de transacciones ilegales por montos multimillonarios a través de “compañías e interpósitas personas”. De igual modo, “Fernández captó para Funglode y en su provecho personal, importantes sumas de dinero por medio de contribuciones exigidas a personas y empresas favorecidas con contratos con el Estado Dominicano, así como sustanciales aportaciones de instituciones públicas que se convirtieron así en clientes y patrocinadores de las actividades promovidas por Funglode, utilizando para ello recursos del patrimonio público”.

El Dr. Moreno ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación profunda y seria y perseguir las sanciones estipuladas en las leyes del país, a fin de evitar toda forma de impunidad.

Como era de esperarse en este país de nuestros amores, por su primera denuncia el Dr. Moreno debió enfrentar todo tipo de calumnias, amenazas y el sometimiento ante la justicia por una supuesta malversación de fondos, carente de fundamento legal. No cabe ninguna duda de que en esta ocasión lloverán nuevamente los comentarios y acciones para restarle méritos personales y para anular la iniciativa legal que ha emprendido. Aunque parece probable que, no obstante todas las pruebas aportadas, esta última denuncia-querella sea también desestimada, debemos movilizarnos para que eso no suceda.

Es indudable que Leonel Fernández se aseguró, antes de dejar la Presidencia de la República, de convertirse en un individuo casi intocable por la justicia dominicana, ya que mantiene un control personal sobre el estamento judicial del país y sobre importantes sectores de la vida nacional, dejando el camino abierto para su retorno al poder en el 2016.

No obstante lo anterior, si la ciudadanía respalda al Dr. Moreno en sus esfuerzos para someter a Leonel Fernández a la justicia y lograr una sentencia condenatoria contra él, la República Dominicana se encauzaría hacia un nuevo rumbo de institucionalidad y desarrollo democrático y abriría las puertas para terminar con la impunidad que han mantenido los políticos luego de desfalcar al Estado Dominicano; es decir, a todos nosotros.

A pesar de que la atención de la población se ha desviado un poco de la denuncia-querella del Dr. Moreno debido a los conflictos y los escándalos del PRD que fundara Juan Bosch y que con tanta razón éste abandonó, la realidad es que el pueblo dominicano no debe dejar pasar esta oportunidad de oro para lograr la condena del político perverso que es Leonel Fernández. Nuestra atención debe centrarse en esta demanda legal.

Nuestro pueblo ha sido pasivo y apático, a pesar de todos los perjuicios que ha sufrido como resultado de las escandalosas maniobras de los gobernantes y funcionarios que hemos tenido en las últimas décadas. Este pueblo ha asumido, generalmente, una actitud de indiferencia ante esos acontecimientos y ha sido incapaz de levantarse, protestar y luchar por sus derechos. Tampoco ha reclamado, por las vías pertinentes, que el Gobierno cumpla con los deberes que le consagra la Constitución y revertir así los abusos y la corrupción rampante de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los destinos del país.

Einstein dijo que “el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad” y Ghandi expresó que “lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”. Ghandi también manifestó que “mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear”. Son verdades que ponen al desnudo la cobardía de aquellas personas que dejan completamente solos a quienes sí tienen la valentía de enfrentar amenazas y calumnias con tal de defender sus derechos y los de sus conciudadanos. 

 

El Dr. Moreno ha tenido esa valentía. Es en esa virtud que la tarea que ha emprendido debe merecer el respeto, la admiración y la solidaridad de todos nosotros, independientemente de nuestras simpatías políticas. Si esa tarea produce los resultados que él y la gente íntegra de este país esperan, en la política dominicana se habrá producido un cambio trascendente.

El éxito de la iniciativa del Dr. Moreno depende del apoyo masivo del pueblo consciente. Debe realizarse una movilización mayor que la que produjo para lograr el otorgamiento del 4% del PIB para la educación y mayor que las protestas contra el déficit fiscal, la impunidad y el aumento de impuestos. Sólo así tendrá lugar un hecho sin precedentes en la historia dominicana y se asestará un golpe contundente a la corrupción de estos políticos facinerosos que nos gobiernan.

Leonel Fernández fue un gobernante que se burló abiertamente del pueblo dominicano, a quien ha despreciado de manera reiterada. No es posible que lo dejemos salir triunfante de todas las irregularidades que cometió como Presidente y las que propició a sus subalternos. Mucho menos debemos permitirle tener posibilidades de volver al poder en el 2016.

A politicastros como él fue que se refirió nuestro único Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, cuando dijo: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones”.

Por lo tanto, respaldemos masiva y militantemente al Dr. Moreno, porque hacerlo significa que habremos cumplido con nuestro deber de ciudadanos libres y de ser hijos de Dios, en una causa justa que sólo redunda en nuestro propio beneficio. 

Violencia y Delincuencia en el País: ¿Qué Hacer para Detenerlas?

"La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas".

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica.

Tras oficiar la misa del Día de la Navidad, el Arzobispo de Santo Domingo aseguró que es absolutamente posible cambiar el rumbo de delincuencia, corrupción e impunidad que lleva el país, y señaló que lo que hace falta es “apretar un poco más la tuerca”. “Eso es muy sencillo, no hay que hacer muchas disquisiciones; los delincuentes se están identificando y no andan  agachados, sino que están insolentemente ante las autoridades. Por consiguiente, vamos a atacarlos de frente”.

De igual modo, varios de los flamantes diputados que este pueblo paga para que roben nuestro dinero, recomendaron al Jefe de la Policía Nacional, “ajusticiar y darles pa’bajo a los delincuentes”.

Me parece que la opinión del Arzobispo es muy simplista, impropia de un representante de nuestro Señor Jesucristo y con muy pocas posibilidades de tener éxito, si se llevara a cabo lo que él sugiere entre líneas. A su comentario de la corrupción no me referiré, pues él ha vivido mucho más tiempo que nosotros al lado de los corruptos y compartido con ellos y debe saber bien lo que dice. Nosotros, en cambio, como pueblo, sólo hemos sufrido las consecuencias de la corrupción.

Sobre la barbaridad  expresada por los diputados, es preferible no perder el tiempo comentando semejante disparate.

Sin embargo, es una realidad que la República Dominicana se encuentra afectada por una oleada de violencia que no tiene precedentes.  A pesar de que el mismo fenómeno social también se verifica con distintos grados en las demás naciones del mundo, en nuestro país se registra uno de los índices más elevados de este flagelo.

De hecho, los episodios de violencia en esta nación son cada vez más numerosos y graves sin que se perciba una posible mejoría en el corto o mediano plazo y, aunque todos nos sentimos preocupados por sus efectos, hay que convenir que es muy poco lo que estamos haciendo o hemos planeado hacer, individual o colectivamente, para resolver la situación.

Lo peor es que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los cuales tienen el deber de representarnos y les hemos dado todo el poder  y las vías para enfrentar el problema, han permitido su expansión y han propiciado, con su enorme descuido, irresponsabilidad  y errores garrafales, que la violencia continúe ganando terreno.

La violencia se manifiesta de manera preponderante en las clases más bajas, pero la sociedad dominicana ha llegado a un punto en el cual nadie se escapa de caer en sus redes, bien sea por problemas pasionales, intrafamiliares, sociales, de tránsito  o de drogas y es indudable que esta situación pone en peligro la seguridad ciudadana, la gobernabilidad  y nuestra vida en sociedad.

La hermana gemela de la violencia es la delincuencia y esta última ha alcanzado niveles tan  escandalosos en la República Dominicana que ningún ciudadano tiene la seguridad de preservar su vida, ni cuando sale a la calle ni cuando permanece en el interior de su hogar.

Mientras el Artículo 42 de la Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia y que el Estado le dará protección en caso de amenaza, riesgo o violación de la misma, la verdad es que en este país la población vive a su suerte, sin ningún tipo de protección que la ampare, pues el Gobierno hace caso omiso a ese deber y hasta los mismos integrantes de los cuerpos del orden público están participando o encabezando bandas de delincuentes o en actividades de narcotráfico.

El Artículo 42 también condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas e incluso llega a indicar que el Estado garantizará mediante Ley la adopción de las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Cuando uno lee estas palabras no puede menos que indignarse, pues los gobernantes de turno y sus funcionarios han manejado recursos más que suficientes para cumplir con esta disposición y, sin embargo, lo único que han hecho ha sido robar y dilapidar abiertamente el dinero que pagamos como impuestos.

Mientras tanto, la espiral de violencia y delincuencia que se ha generado en la República Dominicana está creciendo progresivamente y es difícil detener su crecimiento si no se resuelven primero algunos severos problemas de naturaleza social y económica que padece el país. Una vez que la violencia y la delincuencia han echado raíces, como es el caso nuestro, nunca se detienen de manera espontánea, sino que aumentan con el transcurrir del tiempo. No tenemos que ser muy inteligentes para estar conscientes de ello.

Cuando echamos una ojeada al número de homicidios, robos, atracos, asaltos, secuestros, violaciones, maltratos y abusos de menores y de mujeres adultas, suicidios y otros hechos similares, no podemos más que sentirnos sobrecogidos por la gravedad de la situación por la cual atravesamos. Para muestra basta un botón: ha habido más de 2,500 homicidios en el país desde el 2004. Y revertir esa tendencia creciente de la violencia y la delincuencia requiere del concurso de toda la ciudadanía, pero especialmente del Gobierno y de los recursos de que dispone.

Contrariamente a como lo percibe el señor Arzobispo, considero que debemos analizar primero cuáles son las causas principales que nos han empujado a vivir como prisioneros dentro de nuestro propio hábitat y luego ver cuáles son las soluciones más idóneas para enfrentarlas con éxito.  La enumeración que haré a continuación no es necesariamente exhaustiva, ni  se encuentra detallada por orden de importancia, pero sí contiene las razones más significativas de la violencia y la delincuencia que azotan el país. Por cuestión de espacio, trataré de ser lo más escueto posible al comentar dichas causas.

1.  La pobreza y la desigualdad social.  La pobreza del país ha alcanzado niveles alarmantes. Casi un 50% de la población dominicana vive en condiciones de pobreza o de pobreza absoluta. Eso significa que aproximadamente cinco millones de personas no tienen acceso a una buena educación, ni a sistemas de salud apropiados, ni a servicios públicos efectivos.  Sus viviendas, si es que las tienen, son casuchas destartaladas, sin suficiente espacio para vivir adecuadamente. Tienen mala alimentación y ellos y sus hijos sufren de desnutrición y enfermedades. No tienen dinero para comprar ropa o calzados. No tienen transporte propio y la mayoría de estas personas en edad de trabajar están desempleadas y no tienen acceso a la oportunidad de progresar. La desigualdad social que hoy prevalece en el país hace que un alto porcentaje de ciudadanos tengan menos acceso a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. En fin, viven en una situación calamitosa de exclusión social. La pobreza y la desigualdad social son causas importantes en la violencia y delincuencia que vive el país.

2.  El alto nivel de desempleo que prevalece entre los jóvenes de las clases más pobres.  Si a los jóvenes que se gradúan en nuestras universidades les resulta difícil encontrar empleo, a los pobres y no preparados les resulta casi imposible, por lo cual les es extremadamente complicado hallar una salida a su situación y a la de la familia a la que pertenecen. Los jóvenes de los barrios de las distintas provincias del país, especialmente las de mayor concentración poblacional, viven en condiciones deplorables y de hacinamiento. Son jóvenes frustrados por una pobreza sin solución, carentes de una formación humana apropiada, y rodeados de un ambiente familiar y social hostil que estimula la violencia, las pandillas y el comercio de las drogas. Son jóvenes que han recibido de nuestras autoridades corruptas el ejemplo del enriquecimiento ilícito y la impunidad y que han comprobado la facilidad de permanecer libres después de delinquir reiteradamente, como resultado de las debilidades del sistema judicial dominicano.

3.  La baja calidad de la educación.   Como ya escribí en un artículo anterior, muchos de los graves problemas que enfrenta hoy la sociedad dominicana se deben a la existencia de un sistema educativo completamente ineficaz, improvisado, falto de coordinación efectiva, inadecuado y carente de la aplicación de objetivos y estrategias bien diseñadas y ejecutadas. El sistema educativo dominicano no está estructurado para preparar a los estudiantes y transformarlos, de modo que puedan competir en un mundo que es cada vez más complejo desde el punto de vista económico y tecnológico. A pesar de que ha sido un paso positivo que el presente gobierno haya cumplido con la Ley y le concediera al sector educativo el 4% del PIB que le corresponde y que la sociedad reclamara ardientemente, lo cierto es que el desastre que constituye la educación dominicana no es solamente un problema de falta de dinero, sino también de otros factores importantes para que la educación cumpla con la misión de convertir a niños y jóvenes en los adultos exitosos del mañana. Si el país no cuenta con un sistema educativo eficaz, es casi imposible alcanzar el verdadero desarrollo económico y social y que la juventud más pobre tenga la motivación y las condiciones necesarias para prepararse y conseguir empleo. Esa imposibilidad conduce a un círculo vicioso del cual es muy difícil salir y que genera violencia y delincuencia.

4-  Desintegración familiar.  La mayoría de nosotros sabe que la familia es la base de la sociedad. Nuestra realidad es que la familia dominicana se encuentra en pleno proceso de desintegración y eso tiene efectos devastadores para la sociedad.  De cada 100 hogares dominicanos, 41 están encabezados por sólo uno de los progenitores, generalmente la madre, mientras los padres se han desentendido del cuidado y protección de sus hijos. Esa situación de abandono y pobreza constituye el caldo de cultivo que genera la violencia intrafamiliar y la delincuencia, ya que la madre no puede suplir todas las necesidades materiales y emocionales de sus hijos, bien sea porque debe ocuparse de buscar el sustento diario o porque no encuentra empleo o porque su poca preparación no le permite dar el apoyo emocional y la formación humana y cívica que requieren sus hijos.

5.  La creciente inmigración haitiana.  En la República Dominicana hay aproximadamente 1.5 millones de haitianos, la mayor parte de ellos ilegales. Es un gran negocio para jefes militares, políticos y empresarios, pero con nefastas consecuencias para la clase pobre y  para nuestra nacionalidad, identidad nacional, cultura y valores patrios. Los haitianos, que sólo se contrataban como mano de obra barata en los ingenios azucareros, ya se encuentran trabajando en los sectores de la construcción, de la agricultura y de los servicios, tales como el turismo, el servicio doméstico, vigilancia, venta de frutas y mendicidad, entre otros. El efecto más negativo de la inmigración haitiana sobre el empleo de dominicanos es que ha deprimido sustancialmente el nivel de los salarios, causando así un aumento en el índice de desempleo, sobre todo entre los jóvenes dominicanos. La creciente inmigración haitiana está llevando a nuestra nación hacia una amputación de su porvenir económico y social.

6. Nuestro sistema judicial está podrido, especialmente el área penal.  La justicia dominicana es un mercado donde se venden sentencias y conciencias, sin contar con el hecho de que la redacción del actual Código Procesal Penal favorece la violencia y la delincuencia, al permitir a cientos de delincuentes permanecer en libertad para seguir delinquiendo y acumular fichas criminales. La mayoría de los fiscales no tiene la capacidad, ni los recursos humanos y tecnológicos a su alcance, para hacer las investigaciones que les corresponden y para servir como representantes del pueblo contra los que transgreden la Ley. De ahí que los imputados, sin importar la gravedad de su delito, puedan quedar libres en perjuicio de la sociedad, en un país donde las leyes no se respetan porque el Estado es incapaz de cumplir con su misión fundamental de proteger a la ciudadanía.  

Como el amable lector comprenderá, las soluciones que existen para controlar debidamente estos graves problemas, que sólo promueven la violencia y la delincuencia, no son tan simples como plantean nuestro Arzobispo y un grupo de diputados.  La violencia y la delincuencia no se resuelven matando a los violentos y a los delincuentes. Las soluciones definitivas son más complejas de ejecutar y lograr. Y aun cuando se adopten las medidas que se necesitan, los resultados no se verán en el corto o mediano plazo. Estos problemas requieren condiciones específicas que difícilmente se van a producir, a menos que los que gobiernan hoy el país  y los que les sucedan en el futuro dediquen sus mejores esfuerzos a gobernar para beneficio del pueblo y no para el de ellos mismos, al tiempo que nosotros los dominicanos abandonemos nuestra cómoda posición de indiferencia social y falta de solidaridad.

¿Cuáles son esas posibles soluciones?

En cuanto a la pobreza, la desigualdad social y el desempleo, resulta evidente que la lucha para combatir estos serios problemas no puede fundamentarse en el modelo económico que ejecuta actualmente el Gobierno, porque ese modelo sólo conduce a crecientes déficit fiscales, aumentos de impuestos, mayor endeudamiento público, aumento del sector Servicios, especialmente el turismo y el comercio informal, en detrimento de la actividad manufacturera y agrícola, así como una peor distribución del ingreso, lo cual genera una gran injusticia social. Si a eso agregamos el alto nivel de corrupción de nuestros gobernantes y la inoperancia de las instituciones públicas, tenemos un cuadro bien sombrío.

En tal virtud, sería necesario que el Gobierno concentrara su política económica en estimular la inversión privada local y extranjera en manufactura y agricultura, en adición a los servicios, y propiciar así la creación masiva de empleos en las distintas provincias del país, con reglas claras y expeditas que se correspondan con un orden jurídico y fiscal que promueva esa inversión, al tiempo que complementa esa política con inversiones públicas que apoyen la iniciativa privada y con una asistencia social eficaz y respaldo a un programa privado, bien organizado, de microcréditos a las mujeres que son cabezas de hogar.  

En lo que al sistema educativo se refiere, es imprescindible que las autoridades se concentren en la debida ejecución de los programas y la definición clara del contenido curricular, así como contar con el asesoramiento y participación directa de entidades educativas, profesores y estrategas extranjeros que contribuyan a elevar sustancialmente el nivel de la enseñanza y la calidad de los programas, de modo que se detenga, de una vez por todas, la vergüenza de tener un alto porcentaje de bachilleres que fracasan todos los años en las pruebas nacionales, especialmente en ciencias, gramática y matemáticas.   

La improvisación sigue siendo uno de los mayores obstáculos para cambiar el panorama educativo. El ejemplo más obvio de ello lo constituye el hecho de que se entregaron sumas considerables a los ingenieros que resultaron favorecidos para construir nuevas aulas, sin que se identificaran previamente los terrenos donde serían construidas. Por otro lado, y esto es el colmo, ¿Cómo es posible que los propios profesores dominicanos se opongan a recibir asistencia técnica y a la contratación de profesores de instituciones educativas extranjeras para elevar su nivel de preparación académica, lo cual sólo contribuiría a mejorar la compensación económica que reciben y la calidad de la docencia que imparten?

Las estadísticas demuestran que una mayor educación aumenta la calidad de vida de las personas, tanto en términos de ingresos como en términos de otros indicadores sociales, sobre todo la reducción de la violencia intrafamiliar, de embarazos indeseados y de enfermedades de transmisión sexual. Es un hecho comprobado que la delincuencia disminuye cuando existen mayores oportunidades de educación. El establecimiento de escuelas con buenos profesores y facilidades en los barrios más pobres y marginados de las diferentes regiones del país reduciría considerablemente la violencia y la delincuencia y ofrecería una salida a la juventud.  Pero debemos entender que todo eso tomará su tiempo para que se vean los resultados positivos.

Tal como escribí en un artículo anterior, es incorrecto aislar el problema de la educación de los demás problemas nacionales. Es una insensatez tratar de lograr un aumento de la inversión en ese sector sin tomar en cuenta los cambios significativos que la estructura del sistema educativo requiere y la estrecha interrelación que existe entre el mismo y los demás sectores nacionales. La educación no puede ser vista separadamente de la salud, de la alimentación, de las acciones contra la pobreza, de los servicios públicos, de la ejecución oportuna de una política que promueva el empleo y el desarrollo humano, de la institucionalidad y del manejo pulcro de las instituciones públicas. 

En lo relativo a la inmigración haitiana, Bosch tenía razón cuando en 1964 escribió que Haití nos está arrastrando de manera inevitable al mismo caos que ha existido en esa nación desde que hizo su revolución. Y ese caos se está reflejando en la República Dominicana en forma de pobreza, ignorancia, violencia y delincuencia. Por ello, es necesario que se aplique la Ley de Migración y su Reglamento y que todos los haitianos que se encuentran ilegalmente en nuestro país sean localizados y repatriados. Al mismo tiempo, es justo e imprescindible que los salarios se ajusten a las condiciones económicas que prevalecen en la actualidad, de manera que se estimule el empleo de mano de obra dominicana.

En cuanto a la justicia, es imperioso revisar exhaustivamente el Código Procesal Penal y convertirlo en un instrumento legal que ponga un freno a la delincuencia, en vez de promoverla, como ocurre ahora. Al mismo tiempo, deben establecerse, con la ayuda de gobiernos extranjeros, programas de capacitación a fiscales y jueces.  El mercado de las sentencias debe ser erradicado de una vez por todas, pero hay que tener presente que la justicia dominicana no mejorará nunca, a menos que se destierre  de raíz la corrupción rampante que existe a todos los niveles en los tres poderes públicos.

Como hemos visto, controlar la violencia y la delincuencia requiere de toda una serie de medidas y acciones que tienen que ver con distintas realidades de la vida nacional. Será muy difícil, por no decir imposible, que esto pueda lograrse si nuestros gobernantes no cumplen con las obligaciones que les consagra la constitución y no se ajustan al deber sagrado de servir al pueblo y de velar por su seguridad, bienestar y felicidad y si el pueblo no deja a un lado su apatía y se dedica a reclamar sus derechos y a defender su dignidad con la energía que fuere necesaria.

¿Qué Recibimos los Dominicanos a Cambio de Pagar Impuestos?

“Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa”

Winston Churchill (1874-1965) Político y Estadista Británico

Hagamos hoy un ejercicio de sentido común y de inteligencia elemental.

Todos los dominicanos, aún los recién nacidos, pagamos impuestos, directa o indirectamente. Los recién nacidos cuando se aplican los medicamentos, anestesias, materiales y asistencia médica en el parto, así como pañales, ropita, leche infantil, biberones y por todo aquello que tienen que pagar los padres cuando adoptan o engendran un nuevo ser humano.

Pagan también impuestos al gobierno los juguetes para los niños, la comida y artículos comprados en los supermercados o en colmados, la bebida o cigarrillos consumidos, la ropa, la educación (incluyendo la pública, pues hay que pagar transporte, comprar uniformes, libros, útiles escolares y otros materiales), así como vehículos, viviendas, electrodomésticos, hoteles, restaurantes y casi todos los servicios del gobierno y del sector privado.

Quien no esté consciente de que paga impuestos, por más pobre que sea, no piensa cuerdamente. 

Cada peso, cada centavo, que pagamos los dominicanos por impuestos pasa a engrosar las arcas del gobierno y esos pesos y centavos, que se convierten en cientos de miles de millones de pesos, constituyen las llamadas recaudaciones fiscales que el gobierno registra como parte de los ingresos contemplados dentro de su presupuesto anual.

Todos los que viven en edificios de apartamentos saben que cuando pagan mensualmente una cuota para mantenimiento, ese dinero se debe usar para el propio bien de los condóminos. Esos fondos generalmente se emplean para cubrir los gastos comunes y para efectuar las inversiones y gastos que se requieren, a fin de mantener el condominio en buenas condiciones. Por eso los recursos proporcionados a través de esas cuotas se destinan a reparaciones, mantenimiento y pintura del edificio y gastos tales como energía eléctrica de las áreas comunes, agua, basura, jardinería y vigilancia, entre otros.

Los condóminos de un edificio de apartamentos sólo se endeudan cuando toman un préstamo en un banco y eso sólo ocurre porque deben resolver una situación extraordinaria, a la cual no pueden hacer frente mediante cuotas extras y no disponen del dinero necesario en su cuenta bancaria.

El servicio de los administradores de un condominio es lo que más se parece a un gobierno. Si los administradores son incapaces o corruptos, tantos los condóminos como el mismo condominio sufrirán las consecuencias. Se producirán enemistades, enfrentamientos y el edificio se deteriorará.

Los impuestos son buenos cuando su destino es el correcto. Y el destino correcto de los impuestos es proporcionar al ciudadano  servicios públicos eficientes, sobre todo energía eléctrica, agua potable, ornato y recogida de basura. Es correcto cuando las instituciones públicas funcionan adecuadamente, en beneficio de la población; cuando los sectores prioritarios de la educación y de la salud logran elevados estándares; cuando la justicia es sana y equilibrada y constituye una garantía para todos los ciudadanos; cuando el gobierno se convierte en un defensor genuino de la nacionalidad y de la identidad nacional; y cuando las fuerzas armadas y los organismos de seguridad cumplen su deber de proteger a los habitantes del país contra la delincuencia, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia.

Los impuestos también sirven para llevar a cabo los que los economistas llamamos “redistribución de la riqueza” o, lo que es lo mismo, el gobierno debe usar los fondos que el segmento más pudiente de la sociedad paga por concepto de impuestos para, mediante una política certera diseñada con esos fines, transferirlos en forma de empleos productivos, edificación de viviendas, mejor alimentación, educación y sistemas de salud, seguridad social eficaz y asistencia técnica y financiera a aquellos miembros de la sociedad más excluidos, particularmente mujeres y madres solteras, que tienen con menos posibilidades de ascender por sí mismos en la escala social.

Los impuestos son malos cuando su destino es el incorrecto. Y el destino de los impuestos es incorrecto cuando se utilizan en provecho propio a través de la corrupción administrativa; cuando se emplean para pagar sueldos a funcionarios y empleados supernumerarios cuyos servicios no aportan nada a la ciudadanía; cuando cubren gastos de instituciones que duplican los esfuerzos de otras instituciones; cuando se utilizan para influir políticamente en asuntos que nada tienen que ver con el bienestar de la población; cuando se violan las leyes para usar recursos públicos en campañas electorales, a fin de favorecer un candidato específico o para perjudicar a otros; y cuando se destinan a subsidios que no contribuyen a disminuir la pobreza, sino a convertir a familias completas en votantes que favorezcan el partido en el poder.

Así mismo, cuando se usan en sobornos a los congresistas para la aprobación de medidas que convienen a los gobernantes de turno; cuando se usan para compra de regalos, fiestas, vehículos de lujo, viajes, dietas, fondos de ayuda política, canastas navideñas y otros gastos innecesarios que sólo sirven para dilapidar nuestro dinero; cuando se otorgan pensiones escandalosas; cuando se pagan sueldos o bonificaciones extravagantes a funcionarios del gobierno y éstos se auto-aprueban aumentos escandalosos; cuando se invierten en obras no prioritarias o excesivamente costosas en detrimento de los servicios públicos básicos; cuando se suscriben contratos inadecuados y costosos para el país, como los de la energía eléctrica; cuando el endeudamiento externo no cumple su cometido, llevando al país a obligaciones de pago que cargan indebidamente el presupuesto nacional y se pagan con nuestros impuestos; y cuando el gobierno rescata instituciones financieras para salvarlas de la quiebra, beneficiando así a los propietarios de las mismas y perjudicando al contribuyente.

De igual manera, cuando se realizan donaciones del patrimonio colectivo a particulares, sean o no a la iglesia católica, a empresarios o a los propios políticos; cuando las obras civiles se detienen y posteriormente deben reajustarse los presupuestos para concluirlas; cuando la policía y los organismos de seguridad participan en complicidad con narcotraficantes y delincuentes; cuando los bienes del estado son descuidados y mal manejados, como sucede con los autobuses públicos, los vehículos y equipos  de las fuerzas armadas y la policía nacional; cuando se destinan a otorgar beneficios adicionales a sindicatos de choferes, los llamados "padres de familia"; cuando se aumentan los precios de los combustibles con el solo propósito de incrementar los ingresos del gobierno; cuando se realizan obras civiles, especialmente deportivas, las cuales, una vez terminadas, no se les da mantenimiento o se les abandona; cuando se mantiene una política de impunidad; y cuando se crean oficinas o despachos para las esposas de los presidentes, con presupuestos y funciones que nada tienen que ver con los deberes de una primera dama.

En fin, la lista es casi interminable.

Si un gobierno da un destino incorrecto a los impuestos, el país puede crecer económicamente debido a las circunstancias y a la política económica del período, pero nunca habrá desarrollo y se mantendrá un amplio segmento de la población en condiciones de pobreza, pobreza extrema e ignorancia. De la misma forma, las posibilidades de vivir en democracia son prácticamente nulas, aunque los políticos y los ignorantes se ufanen de su existencia.

¿Cuál ha sido nuestra experiencia como país?

A pesar de que en los tiempos de la colonia existían ciertos tipos de impuestos y de que las fuerzas norteamericanas que intervinieron financiera y militarmente la República Dominicana desde principios del siglo veinte cobraban el llamado Arancel Nacional para ejercer su control de las aduanas del país, no es sino a partir de 1935, con la promulgación de la Ley No. 855, que los dominicanos comenzamos a pagar formalmente impuestos. Esa Ley dispuso la creación de un Departamento de Rentas Internas que dependía de la entonces Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público, hoy Ministerio de Finanzas.

Lo anterior quiere decir que los dominicanos hemos estado pagando impuestos durante casi ocho décadas y, sin embargo, ¿Cuáles cosas buenas han hecho los gobiernos con recursos cada vez mayores, provenientes de los bolsillos de los contribuyentes? ¿Han logrado los distintos gobiernos cumplir con sus funciones y deberes básicos?

Me parece que las respuestas son decepcionantes, pues el funcionamiento de las instituciones oficiales; las condiciones de los servicios públicos; aspectos de vital importancia como la educación, la salud y la justicia; el clima de seguridad ciudadana; el nivel de endeudamiento público; la exposición a los efectos nocivos de las drogas; el narcotráfico y el lavado de dinero; la salvaguarda de la identidad nacional por el problema haitiano; y el genuino ejercicio de los derechos ciudadanos consagrados en ese pedazo de papel que los dominicanos llamamos “Constitución de la República”, son cada vez peores.

Y no sólo eso. Los políticos que han encabezado los gobiernos de la República Dominicana han aumentado la deuda pública local e internacional a un nivel tal que es casi imposible que tengamos la capacidad de pagar el capital de la misma y todo porque los ingresos percibidos por impuestos no han resultado suficientes para cubrir la irresponsabilidad, el despilfarro, la corrupción, la ineptitud y la ineficacia de quienes llegan al poder mediante nuestros inconscientes votos y roban abiertamente los fondos del erario nacional, sin que haya castigo para ninguno de ellos porque se protegen mutuamente bajo acuerdos de impunidad, de “borrón y cuenta nueva” o de “no perdamos el tiempo en tirar piedras para atrás”.

Nos encontramos en un círculo vicioso donde el mayor endeudamiento, el mayor despilfarro, la mayor corrupción, la mayor ineptitud y la mayor ineficacia nos conducen de manera cada vez más acelerada a la necesidad de mayores impuestos y quien los paga, de una manera u otra, es el pueblo, nadie más.

 ¿Y qué hace el pueblo dominicano para defenderse de tales barbaridades?  Absolutamente nada. Todo lo aguanta. Todo lo sufre. De manera pusilánime y cobarde. Por esa razón es que no se vislumbra en el porvenir dominicano una solución a este problema de los aumentos de impuestos sin ninguna compensación de bienestar para el pueblo.

¿Es lo que he escrito aquí una exageración?  Afirmo rotundamente que no.

No puede ser verdad que hay que servir a un partido para servir al pueblo. Eso sólo conduce a la corrupción y a la decadencia moral. Es sólo al pueblo y sólo a él a quien los gobernantes deben servir. Y eso no ha ocurrido nunca en la vida republicana de este país.

Reto a cualquiera que lea este artículo a que me indique las áreas que maneja el Gobierno en las cuales, a su juicio, se comprueba un buen empleo de los fondos recibidos por éste a través del pago de impuestos por parte nuestra.