El Imbécil Dominicano y la Presión Tributaria

“Hay dos cosas infinitas: el universo y la imbecilidad humana. Yo aún dudo de la primera”.

Albert Einstein (1879-1955) Físico Alemán

Aunque muchas personas utilizan los términos estúpido, imbécil e idiota como sinónimos, lo cierto es que existe una diferencia significativa entre ellos.

Los congresistas y el Presidente de la República y sus funcionarios, no sólo de este Gobierno, sino de los anteriores, nos tratan frecuentemente como verdaderos imbéciles, mientras nosotros hacemos todo lo posible para estimularlos a que lo sigan haciendo, pues no cabe duda de que generalmente nos comportamos como tales.

Uno de esos ejemplos, de los tantos que tienen lugar diariamente, es la declaración de Juan Temístocles Montás, al presentar la llamada “Estrategia Nacional de Desarrollo”, en la Cámara Dominico-Mexicana de Comercio. Montás dijo que “la República Dominicana no podrá alcanzar el desarrollo si el Estado no aplica una mayor presión tributaria” y que “algunos sectores de la economía local quieren los beneficios de los países ricos, sin hacer mayores aportes a las arcas públicas”.

Montás nos quiere dar la impresión de que los Gobiernos de la República Dominicana promueven el desarrollo económico, lo cual es absolutamente falso. Sus afirmaciones sólo forman parte de la estrategia del Gobierno para convencernos de la necesidad de aumentar los impuestos a los dominicanos.

Declaraciones similares fueron ofrecidas por Rafael Alburquerque cuando se refirió a la necesidad de aumentar los impuestos para mantener la estabilidad macroeconómica del país.

La misma estrategia se utilizó en el Gobierno de Hipólito Mejía y en gobiernos anteriores. En esas ocasiones, y como una forma de extorsión, los funcionarios públicos llegaron a afirmar que el sector empresarial debía pagar “el precio de la democracia”.

La presión tributaria no es más que un indicador económico que mide el porcentaje que los ciudadanos de un país aportan al Estado por concepto de impuestos y resulta de dividir el monto total de los impuestos pagados efectivamente por particulares en un período determinado, usualmente un año, entre el producto interno bruto del país en ese mismo período. Se entiende por producto interno bruto (PIB) el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período específico, normalmente un año.

En países con altas tasas de evasión fiscal, como es el caso nuestro, el Gobierno acostumbra a elevar la presión tributaria sobre los habitantes con menos posibilidades de evasión; es decir, sobre personas como usted y como yo.

Montás indicó que nuestra presión tributaria es de un 13%, mientras en los países desarrollados alcanza, en promedio, un 40%. Aunque no lo dijo en ese acto, sé que en países como Suiza y Suecia la presión tributaria llega hasta un 50%.

Sin embargo, como muy bien expresó el Engendro del Mal, “No somos suizos”.

Aunque parecería que gran parte de los ciudadanos dominicanos somos imbéciles, hay que reconocer que, definitivamente, nos somos idiotas.

En los países desarrollados la presión tributaria puede llegar a niveles tan altos porque los gobiernos de esas naciones cumplen efectivamente con la misión que sus respectivos pueblos les han encomendado, debido a la forma eficaz en que utilizan los recursos provenientes de los impuestos.

Es un uso que beneficia en muchos aspectos a la población de esos países, tanto en términos de servicios públicos adecuados como en lo concerniente al correcto funcionamiento de las instituciones oficiales, al cumplimiento de las leyes, al excelente desempeño de la educación, la salud, la justicia, la seguridad, la distribución de ingresos y el equilibrio social. Al mismo tiempo, esa presión tributaria se aplica prácticamente a todos los ciudadanos, porque la evasión fiscal es mínima.

En nuestro país ocurre todo lo contrario.

Los recursos que se derivan de los impuestos en la República Dominicana son usados por nuestros congresistas, gobernantes y funcionarios para proporcionar servicios públicos que sólo pueden ser calificados de pésimos, para producir un deterioro progresivo en la educación, la salud, la justicia y la seguridad, así como para desvirtuar las funciones de las instituciones públicas, para promover el incumplimiento de las leyes, para fomentar la injusticia social y el clientelismo y para convertir a los pobres en marginados e indigentes, pero sobre todo para engrosar el patrimonio personal de esos congresistas, gobernantes y funcionarios a través de la corrupción rampante y de su complicidad con delincuentes y narcotraficantes, mientras los que pagamos impuestos permanecemos callados y resignados: con razón piensan en nosotros como imbéciles o tontos con p.

Lo que muchos no saben, empero, es que aproximadamente un 43% del monto total de los impuestos que pagamos son destinados por el Gobierno al pago del servicio de la deuda pública, tanto interna como externa. Es un porcentaje que ha aumentado sustancialmente en los últimos años, porque nuestros gobernantes y funcionarios han encontrado una mina de oro en el endeudamiento, tanto desde el punto de vista personal como político.

Economistas que asesoraban al gobierno de Hipólito Mejía llegaron a expresar que las posibilidades de endeudamiento de la República Dominicana eran “ilimitadas”. ¡Qué gran noticia para los integrantes de ese Gobierno y del que le sucedió en el poder!

De ahí en adelante, la deuda pública ha crecido a un ritmo impresionante.

Debemos manifestar, de modo categórico, que la afirmación de esos asesores no fue más que un disparate y que sus razones para incurrir en tal desliz profesional deben haberse originado en un interés cuestionable, por cuanto provenían de profesionales reconocidos como capaces.

No hay persona física o jurídica que pueda sobrevivir a la catástrofe financiera que resultaría de mantener un nivel cada vez más alto de endeudamiento y que comprometa un porcentaje cada vez más elevado de sus ingresos. Ese razonamiento también se aplica a cualquier país atrasado como el nuestro. Y es algo que, a pesar de nuestra imbecilidad aparente, estoy seguro que todos entendemos.

El presupuesto nacional del 2010, ascendente a RD$378,997 millones y aprobado como sello gomígrafo por los ocupantes del Congreso, incluye las partidas que se emplearán para el pago de la deuda pública, además de la emisión de US$1,000 millones de Bonos Soberanos y de otros muchos empréstitos internacionales, cuyos recursos han sido y serán empleados para la realización de “obras de infraestructura”, para distintos programas de "desarrollo económico y social", para pagar deudas con generadores de electricidad, para cubrir gastos de campañas políticas y de los partidos locales y para aumentar las fortunas personales que los políticos han acumulado al paso de los años, entre otros.

Todo el endeudamiento contraído por los gobiernos dominicanos y el enriquecimiento desmedido de congresistas, presidentes, funcionarios y oficiales de las fuerzas armadas y de la policía que dirigen nuestros destinos, así como de sus familiares, amigos, relacionados y cómplices, han sido y deberán ser cubiertos por todos nosotros, a través de los impuestos que pagamos en su beneficio. Ese es uno de los grandes costos que debemos asumir los dominicanos para tener la “democracia” que manejan a su antojo los que nos gobiernan y que nosotros bien nos merecemos por lo imbéciles que somos.

El Espejismo del "Progreso" Dominicano

“Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”

 Paul Joseph Goebbels (1897-1945) Político Alemán 

En un encuentro de Leonel Fernández con académicos franceses del Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales, de París, Francia, el cual tuvo lugar a principios de este mes, el señor Alain Touraine, investigador Francés, afirmó que “la República Dominicana ha entrado en la era del progreso, la respetabilidad y el desarrollo gracias a la transformación que realiza el presidente dominicano”.

Independientemente de que lo dicho por el señor Touraine sobre el progreso de la República Dominicana es una solemne estupidez y un resultado de circunstancias o favores que desconozco, lo cierto es que la palabra "progreso" ha sido usada y repetida hasta la saciedad por el gobernante actual y sus funcionarios para referirse a la situación económica del país. De hecho, y para dar mayor énfasis a esa demagogia, se concluye muchas veces con la frase e’ pa’lante que vamo’

Salvo que exista otra definición en algún diccionario particular del señor Touraine o de los políticos dominicanos, progreso significa el desarrollo integral de la sociedad; progreso es la acción gradual y constante de avanzar, de adelantar, de perfeccionarse.

No ha existido nada de eso en nuestra sociedad. Hay que ser ciego, ignorante o beneficiario de la corrupción dominicana para pensar lo contrario.

Sin embargo, lo paradógico y grave del caso es que un porcentaje relativamente importante de los dominicanos entiende que sí, que estamos viviendo “el progreso” y que es cierto que e’ pa’lante que vamo’.

Desafortunadamente, los que así piensan no saben distinguir entre crecimiento económico y desarrollo económico. La República Dominicana es el país latinoamericano de mayor crecimiento en los últimos cincuenta años: un impresionante 5.3% anual, como bien lo manifestó hace unos días el empresario José León.

Lo lamentable es que todo ese crecimiento no nos ha conducido a un desarrollo integral de la sociedad, como indica la definición de progreso. Es increíble que todo ese crecimiento haya beneficiado sólo a unos pocos y se haya traducido en desigualdad, pobreza y exclusión social para más de un 40% de los dominicanos. Los profesionales y personas políticamente conscientes de la República Dominicana deberíamos sentirnos avergonzados de ello.

No podemos confundir progreso con los cambios en la fisonomía estructural de la capital, ni con túneles, elevados, metros o torres residenciales. Si la República Dominicana amaneciera mañana con la Torre Eiffel, los rascacielos de Manhattan, los museos y monumentos franceses, el Pentágono, los Alpes Suizos, las siete maravillas del mundo y los políticos dominicanos tuvieran aún más riquezas y control que el Sultán de Brunei, no podríamos asegurar, de ninguna manera, que estamos en la “era del progreso” como afirmó el ignorante o interesado Touraine.

No señores. Tendríamos bienes materiales, pero no tendríamos progreso. El progreso ocurre cuando los seres humanos que habitan en un país avanzan de manera integral: en la educación, en la salud, en términos de empleo, en los medios de transporte, en su calidad de vida, en la distribución y nivel de sus ingresos, en el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, en el respeto y cumplimiento de las leyes, en el funcionamiento eficaz de las instituciones en nuestro beneficio y en la honestidad de los servidores públicos, entre otros.

En un país que tiene los indicadores económicos y sociales de la República Dominicana es una burla a la inteligencia de cualquier ser humano, que se nos hable de progreso mientras millones de personas (sí, millones) viven por debajo de la línea de la pobreza; mientras la mitad de los estudiantes que toman anualmente las pruebas nacionales reprueban y la mayoría de los que aprueban lo hacen con notas bajas; mientras el desempleo y subempleo se mantienen en niveles tan altos; mientras mueren tantos niños por el dengue hemorrágico, por leptospirosis y por malaria; mientras el sistema judicial constituye una vergüenza; mientras la calidad de los sistemas de salud y de educación ocupan los últimos lugares del mundo; mientras las leyes son violadas frecuentemente por los mismos que deben velar por su cumplimiento; y mientras casi la mitad de los hogares dominicanos no pueden satisfacer sus necesidades más perentorias.

No puede existir progreso en un país como el nuestro, donde usted sabe que sale de su casa pero no sabe si regresará vivo por la inseguridad que prevalece aquí; donde usted no confía en el llamado “cuerpo del orden”, que no es más que un remanente de la tiranía Trujillista y que se ha degradado tanto o más que la sociedad misma; donde usted sabe que el futuro de usted y de sus hijos depende, en gran medida, de si usted es político, militar de alto rango, empresario exitoso, protegido de jerarcas religiosos o mantiene excelentes relaciones de amistad, parentesco o de negocios con alguno de ellos; y donde hay tan pocos que tienen mucho y tantos que tienen tan poco.

No puede existir progreso en un país donde a la mayoría de sus habitantes son excluidos socialmente y se les ha hecho dependientes de la asistencia pública; donde los servicios públicos son inadecuados e insuficientes; donde usted tiene que dar dinero para realizar un proyecto que requiera la aprobación de una entidad oficial; donde la impunidad es la norma y donde es bien conocido que el propio gobierno protege a oligarcas, empresarios, militares y funcionarios públicos criminales ("vacas sagradas") vinculados al narcotráfico y a la delincuencia; donde cualquier delincuente o narco puede obtener fácilmente actas de nacimiento, cédulas de identidad o carnets del DNI o de la DNCD; donde la corrupción arropa todos los niveles de la administración pública; donde el suministro de energía eléctrica y de agua potable es un verdadero desastre; donde gran parte de lo que construye o hace el Gobierno es con endeudamiento público (con un porcentaje importante para los ladrones que gobiernan); y donde todo lo que toca el Gobierno se daña o distorsiona.

Dominicanos, nuestra realidad económica y social lo que evidencia es falta de progreso; atraso económico y social; subdesarrollo. De nuevo, progreso no es construir cosas materiales. El progreso está en el desarrollo integral y bienestar de nuestra gente.

En los últimos 20 años hemos pasado por 3 gobernantes "democráticos". En este período nuestra calidad de vida no ha mejorado. La de nuestros hijos, peor todavía. La de los pobres, siempre en deterioro. Pasamos de un siglo a otro con los mismos problemas sociales y económicos. Y todo ello con el agravante de la inseguridad, la delincuencia y los efectos letales del narcotráfico.

¿Cuándo vamos a despertar?

Nuestra misión como parte que somos de la sociedad civil, si es que amamos nuestro país o, por lo menos, deseamos lo mejor para nuestras familias, es crear una mayor conciencia en la población dominicana con respecto a la cruel realidad que nos agobia y transformar el estado actual de cosas mediante acciones concretas que nos permitan acabar con esa tiranía que nos mantiene en un espejismo permanente, ante nuestra total indiferencia, de “progreso”, “democracia” y “libertad”.

Ojalá no tengamos que pasar por la experiencia contenida en la reflexión de Mahatma Ghandi: “Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear”.

¿Existe Libertad en la República Dominicana?

La libertad no es posible más que en aquellos países donde el derecho predomina sobre las pasiones.

Enrique Lacordaire (1802-1861), Orador y Religioso Francés

El diccionario de la Real Academia define libertad como la facultad que tiene el pueblo en las naciones bien gobernadas de obrar de una manera o de otra, sin sujeción o subordinación, para hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres.

De igual manera, el diccionario Larousse define libertad como la capacidad o facultad que tiene una persona para decidir si quiere o no hacer algo; es decir, es el estado de la persona que no está presa ni sujeta a la voluntad de otra.

Durante mucho tiempo los dominicanos hemos confundido el término libertad con la frase “libertad de expresión”, también llamada “libertad de conciencia o de pensamiento”.

La libertad es uno de los tesoros más preciados del ser humano. Esa libertad nos ha sido arrebatada por la mafia de políticos delincuentes que nos gobiernan, ya que los dominicanos no dependemos de nuestra propia voluntad (requisito fundamental para que exista libertad), sino de la voluntad de esa mafia.

Debemos reconocer que, como nos hemos convertido en seres pusilánimes y apáticos, los dominicanos estamos sujetos y subordinados a lo que decidan nuestros gobernantes, sus funcionarios, los inescrupulosos que ocupan el Congreso Nacional, y todos sus cómplices.

Los politicastros que nos gobiernan han suplantado la democracia representativa que supuestamente debería existir en la República Dominicana por una caricatura que sirve muy bien a sus intereses espurios. No nos representan. Se representan ellos mismos.

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano, que sus “representantes” en el Congreso se aprueben en su propio beneficio un “barrilito” anual de cientos millones de pesos que todos pagamos a través de los impuestos?

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano que sus "representantes" en el Congreso se aprueben a sí mismos sueldos y beneficios marginales escandalosos, dos exoneraciones anuales de carros super-lujosos, dietas excesivas, comisiones y otras tantas prebendas a costa nuestra, además de la corrupción que siempre ha imperado en ese antro?

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano que el déficit cuasi-fiscal (que fue tan criticado por los gobernantes actuales) haya subido de RD$89,000 millones en agosto del 2004 a RD$206,000 millones en la actualidad y que la deuda pública haya aumentado de US$7,000 millones a US$13,500 millones, cuando todos sabemos que esa deuda tendrá que ser pagada por nosotros y todos nuestros descendientes?

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano que su voto en elecciones generales (con lo cual delega su poder en las autoridades así elegidas) se traduzca siempre en un deterioro de la educación, de la salud, de los servicios públicos (energía eléctrica, agua potable y recogida de basura), de la institucionalidad, de la seguridad ciudadana, de los valores cívicos y morales, de la justicia, del orden y disciplina para cumplir las leyes, del control de la delincuencia y el narcotráfico, y de la legislación para el bien común (incluyendo la limitación del número de congresistas, síndicos, regidores, provincias y municipios), entre otros?

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano que como resultado de lo anterior la República Dominicana ocupe, desde hace décadas, los últimos lugares en todos los indicadores sociales, mientras las autoridades se enriquecen en complicidad con todo lo que, a juicio de la gente decente, resulta abominable?

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano que los resultados de la gran mayoría de las elecciones generales celebradas desde el siglo pasado hayan sido fraudulentos, manipulados o fruto de la corrupción rampante y el clientelismo que caracterizan los distintos gobiernos que nos desgobiernan?

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano que sus acciones sean principalmente fruto del miedo o de su atraso como nación o de su pobreza asfixiante o de la ignorancia deliberadamente promovida por los politicastros?

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano que el gasto social del Gobierno se constituya en el instrumento más utilizado por los gobernantes para mantener a la gente necesitada dependiendo como mendigos de la pírrica ayuda estatal?

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano que su propio presidente y demás autoridades se burlen con frecuencia de sus conciudadanos, al violar las leyes que ellos mismos promulgan, al convertirse en ladrones comunes y al proclamar sin ningún rubor en el país y en el extranjero que la República Dominicana vive una época dorada de progreso continuo?

¿Ha sido la voluntad el pueblo dominicano que ni el Presidente ni sus funcionarios respeten la constitución y las leyes del país que juran respetar?

¿Ha sido la voluntad del pueblo dominicano que el Presidente y sus funcionarios exhiban riquezas de las cuales nunca han dado, ni podrán dar, ninguna explicación?

Podríamos continuar con este rosario inacabable de preguntas, pero las expresadas son suficientes para dar a entender nuestro punto de vista.

Como muy bien expresó el reconocido intelectual Andrés Mateo en un artículo reciente: “la realidad del sufragio se puede disfrazar de democrática, pero el espesor de la corrupción, la amplia franja de la pobreza y la ignorancia la convierten en una caricatura de la libertad”.

Los peores tiempos para nosotros los dominicanos no parecen haber llegado todavía, pero pronto lo harán, a menos que despertemos de nuestro marasmo moral y patriótico. Me resisto a aceptar la expresión del engendro del mal, cuando manifestó que todo pueblo tiene el gobierno que se merece.

Sin embargo, es obvio que la mafia que nos gobierna nos ha robado nuestra libertad y que, como dijo Ghandi, "ningún hombre pierde su libertad sino por su propia debilidad”.

¿Hasta cuándo soportaremos la esclavitud a la que estamos sometidos?

¿Existe Democracia en la República Dominicana?

La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha merced a una mayoría incompetente.

George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.

Con mucha frecuencia los politicastros y medios de comunicación en nuestro país utilizan el término “democracia” para referirse al sistema político en el cual vivimos. Nuestros Presidentes y funcionarios públicos han llegado incluso a expresar que el sector empresarial debe pagar “el precio de la democracia” cuando desean imponer mayores impuestos a ese sector.

Los que practican la política en la República Dominicana nos tienen convencidos de que realmente vivimos en democracia. Es más, estoy seguro de que si se hiciera una encuesta entre nosotros para determinar cuántos pensamos que aquí existe democracia, el sí ganaría por una abrumadora mayoría.

Y eso no lo puedo entender, porque la definición de democracia es muy simple.

El diccionario Larousse define democracia como el régimen político en el cual el pueblo ejerce la soberanía por sí mismo, mientras que el de la Real Academia Española indica que democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Está claro, entonces, que en una democracia el pueblo es el ente que ejerce el predominio en las decisiones importantes del gobierno político de un Estado; es decir, el pueblo es el que tiene el poder, es la fuerza dominante.

Por si no lo sabemos, el pueblo somos todos nosotros, los que vivimos en este país.

El mismo Artículo 2 de la Constitución dominicana establece que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen la Constitución y las leyes”.

La democracia se lleva a cabo de una de dos formas: (a) sin mediación de un órgano representativo (democracia directa); o (b) por medio de representantes intermediarios (democracia representativa).

Se supone que en la República Dominicana debería existir democracia representativa, pero aquí sucede que los representantes del pueblo se han venido burlando, desde hace más de cuatro décadas, de los deberes que esa representación implica y gobiernan y legislan, no para beneficio del pueblo, sino para beneficio de ellos mismos, sus familias, sus relacionados y sus cómplices.

De esta manera, el régimen político dominicano, que debería ser democrático, ha degenerado en un desorden político y social controlado por una mafia cuyas acciones no es posible cambiar a través de elecciones, pues éstas no permiten al pueblo tener acceso a ninguna elección viable que transforme el estado actual de cosas.

Al contrario, con cada ronda de elecciones se perpetúan y acrecientan las prácticas corruptas de los politicastros que nos gobiernan. Sin importar por quien usted haya votado ahora o con anterioridad, el resultado ha sido tradicionalmente el mismo: continuamos siendo gobernados por la misma mafia, bien sea la mafia morada, la blanca o la roja.

Un requisito indispensable para que exista democracia y para que el pueblo pueda cumplir con sus deberes, es que cada ciudadano pueda tener la capacidad y la opción de ejercer sus derechos.

Los derechos de los dominicanos están consagrados en la Constitución del país, ese pedazo de papel que ningún Presidente dominicano cumple ni respeta, a pesar de que haber prestado un juramento solemne, de carácter sacramental, mediante el cual jura por Dios, por la Patria y por su Honor, ante todo el pueblo, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes de la República, sostener y defender su Independencia, respetar sus derechos (¡del pueblo!) y cumplir fielmente con los deberes de ese cargo.

Sin embargo, los dominicanos no podemos hacer uso de la mayoría de esos derechos porque nuestros gobernantes no se han preocupado en crear las condiciones adecuadas para ello y, peor aún, los ciudadanos de este país hemos sido lo suficientemente apáticos, pusilánimes, corruptos, irrespetuosos de las leyes, poco solidarios y cobardes como para exigir e imponer los cambios necesarios. Hemos permanecido siempre como víctimas quejumbrosas, pero resignadas, ante los embates corruptos y delincuenciales de esta mafia criminal que nos gobierna.

Sólo a título de ejemplo y sin entrar en mayores detalles, veamos a continuación algunos de esos derechos:

• a la vida;
• a la dignidad humana;
• a la igualdad;
• a la libertad y a la seguridad e integridad personal;
• al libre desarrollo de la personalidad;
• a la intimidad y al honor personal;
• a transitar libremente;
• a recibir una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades;
• a recibir asistencia y protección eficaz de salud;
• a tener acceso a una justicia accesible, oportuna y gratuita, como parte de una tutela judicial efectiva por parte del Estado;
• a poder contar con servicios públicos adecuados (agua potable, energía eléctrica, recogida de basura, servicios sanitarios y ornato);
• a tener la oportunidad de un empleo digno y remunerado;
• a que el consumidor tenga la debida protección;
• a tener seguridad alimentaria;
• a que las familias reciban la protección y apoyo del Gobierno, promoviendo la paternidad y maternidad responsables;
• a que los niños sean protegidos para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales;
• a que la juventud cuente con políticas y programas que aseguren su participación en todos los ámbitos de la vida nacional;
• a que la población de mayor edad y los discapacitados sean protegidos y se les asegure el goce de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales;
• a que los ciudadanos de menores ingresos puedan tener la garantía del ejercicio de sus derechos económicos y sociales.

No hay uno solo de esos derechos que los ciudadanos de la República Dominicana puedan disfrutar a cabalidad.

Esos son los derechos que fundamentan una democracia, en adición a los derechos de conciencia y de cultos; de expresión e información; de reunión y asociación; de libre empresa; de propiedad; de trabajo; de cultura; de deporte; y de medio ambiente, los cuales sólo se cumplen de manera parcial en nuestro país.

En definitiva, en la República Dominicana no existe democracia porque el pueblo no tiene absolutamente ningún poder, ninguna influencia en las medidas que adoptan los gobernantes, ni en su comportamiento como representantes nuestros, lo cual nos impide ejercer debidamente nuestros derechos fundamentales.

El pueblo dominicano sólo vivió en democracia representativa durante casi siete meses hace ya 47 años. La oligarquía criolla, la iglesia católica, los Estados Unidos y militares recalcitrantes Trujillistas de las fuerzas armadas no resistieron en aquel entonces que el pueblo dominicano pudiera encaminarse a un mejor porvenir, luego de pasar 31 largos años de terror y sufrimiento bajo las botas de la tiranía de Trujillo.

Los ciudadanos decentes y conscientes, pero especialmente los más necesitados, estamos desprotegidos, a merced de los intereses espurios de los politicastros dominicanos.