La Evolución de Nuestra Economía y la Ignorancia del Pueblo

"Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias, más que por su trabajo; y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada".
Ayn Rand (1905-1982), filósofa y escritora rusa

La ignorancia de la mayoría de la clase pobre y de la clase media de la República Dominicana es tan grande que duele.

De acuerdo con la Real Academia Española y el diccionario Larousse, ignorancia es la falta de conocimiento acerca de una materia o un asunto determinado. De hecho, la Real Academia Española va un poco más lejos y define la ignorancia del derecho como el “desconocimiento de la ley, desconocimiento que no es una excusa válida para nadie, porque rige la necesaria presunción de que, una vez promulgada la ley, todos tienen la obligación de saberla”. La Academia llega, incluso, a definir la ignorancia supina o crasa como “aquella que procede de la negligencia de la persona en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse”.

A la luz de las definiciones anteriores, es indiscutible que no sólo somos ignorantes del  derecho, sino también ignorantes crasos. El ejemplo más claro y doloroso de nuestra ignorancia del derecho es nuestro desconocimiento de la Constitución Dominicana, documento trascendental que consigna, entre otros muchos aspectos importantes, nuestros derechos y deberes, así como las responsabilidades de las autoridades elegidas por el pueblo para beneficiar a toda la sociedad. Los dominicanos tenemos la obligación de conocer nuestra Constitución.  Sin embargo, desconocemos nuestra Constitución y nuestras leyes porque somos ignorantes, apáticos y alérgicos a leer.

Así mismo, el ejemplo más evidente de nuestra ignorancia crasa es nuestra convicción, sin ninguna base firme que la sustente, de que en la República Dominicana existe el sistema político llamado democracia. Creemos que el hecho de votar cada cuatro años es suficiente para que haya democracia en el país. Los medios de comunicación y los políticos han hecho un magnífico trabajo para convencernos de nuestra “democracia” y nosotros, como ignorantes al fin, les creemos.

No nos hemos detenido a pensar que si la forma de democracia que supuestamente tenemos es la representativa, aquí no hay nadie que nos represente , pues los que deberían ser nuestros representantes se representan ellos mismos, a sus partidos y a sus líderes políticos. Nuestra ignorancia llega al punto vergonzoso de ni siquiera saber los nombres de los que supuestamente deberían representarnos.

Tampoco nos sentimos inclinados a reflexionar que el Poder Judicial y, hasta cierto punto, el Poder Legislativo, están controlados por el Poder Ejecutivo, quien, a final de cuentas, controla prácticamente todo, por lo cual es imposible que nos encontremos viviendo bajo un sistema de democracia representativa.

Lo mismo ocurre con la libertad, para la cual es esencial que cada ciudadano tenga el derecho de poder decidir por sí mismo y no estar sujeto a la voluntad de otros. Debemos admitir que la realidad demuestra que los dominicanos no dependemos de nuestra propia voluntad, sino de la voluntad de los políticos que nos gobiernan. Los gobernantes y políticos en el poder hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren, sin que la ciudadanía ejerza su derecho sagrado de decidir o protestar. Su única posibilidad es esperar 4 años para ”votar” en las llamadas elecciones generales.

Nuestra creencia de que tenemos libertad nace de nuestra ignorancia, al confundir el significado de la palabra libertad con la frase “libertad de expresión”, también llamada “libertad de conciencia o de pensamiento”, que es una de las pocas libertades consignadas en la Constitución que el pueblo ejerce sin muchas limitaciones.

Si usted no está de acuerdo conmigo en lo que he expresado hasta ahora, lo invito cordialmente a leer, en la última Constitución promulgada el 26 de enero del 2010, los Artículos 2, 7 y 8 del Título I (De la Nación, del Estado, de su Gobierno y de sus Principios Fundamentales) y los Artículos 37 al 49 del Título II (De los Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales) y, por favor, déjeme saber después de leerlos si las disposiciones contenidas en esos artículos se cumplen y, por tanto, si en la República Dominicana existe un Estado Social y Democrático de Derecho y si los ciudadanos de nuestro país tienen plena libertad de ejercer los derechos que se consagran para su beneficio en ese “pedazo de papel”, como lo llamara el engendro de los presentes males.

Para que no tenga que molestarse en buscar la Constitución, me permito incluirle a continuación el link que lo llevará directamente a su lectura:

http://www.procuraduria.gov.do/Novedades/PGR-535.pdf

Pienso que lo anterior demuestra que, a pesar de que somos fanáticos y expertos de la politiquería, la mayoría de los dominicanos no tiene los conocimientos fundamentales de la ciencia política propiamente dicha.

Sin embargo, donde nuestra ignorancia llega a su máximo límite es en asuntos económicos. Durante años, un gobernante inescrupuloso y perverso se mantuvo afirmando que el país transitaba por un sendero de “progreso” e hizo de esa palabra su divisa preferida para engañar a los incautos, al tiempo que acuñó la expresión “e’pa’lante que vamos” bajo la aprobación y admiración tácita de una población embrutecida por la demagogia política, cuando la realidad económica y social demostraba en todo momento lo contrario.

El modelo económico ejecutado por ese gobernante y el crecimiento logrado en sus años de gobierno no hicieron más que aumentar sustancialmente el endeudamiento público, generar enormes déficits fiscales, mantener los altos niveles de desempleo y desestimular el crecimiento de los sectores productivos y la inversión privada, al tiempo que profundizó  la exclusión y la desigualdad económica y social que existen en nuestra nación. Su mayor logro personal fue crear dos nuevas clases sociales: (a) una oligarquía política con enorme poder político y económico; y (b) una clase constituida por un segmento importante de la población que sobrevive de forma parasitaria a través de las llamadas “nominillas” y de subsidios públicos que se pagan con nuestros impuestos pero que, para fines electorales, representan una masa de votantes en beneficio del partido que gobierna.

Los políticos en el poder, los medios de comunicación al servicio del gobierno y la autoridad monetaria tienen a todo este pueblo dormido con datos periódicos sobre el crecimiento económico del país para dar la impresión de que progresamos, cuando los hechos revelan que, a pesar de que la República Dominicana ha sido el país latinoamericano de mayor crecimiento económico en los últimos 50 años, la mayoría de los indicadores de desarrollo humano nos colocan en los últimos lugares con respecto a las demás naciones de América Latina, porque ha sido un modelo de crecimiento que ha profundizado la desigualdad, la pobreza y el desempleo.

El crecimiento económico que hemos logrado sólo ha beneficiado a la clase rica y a los políticos en el poder, mientras la clase media ha cargado con el peso de los nuevos y mayores impuestos y la clase pobre no tiene la posibilidad de salir de su lamentable estado. A eso se debe que la República Dominicana sea el tercer país de América Latina que tenga la peor distribución de los ingresos y que en la clase rica se concentre el 60% de dichos ingresos.

Los economistas Miguel Ceara Hatton y Ernesto Selman han publicado sendos artículos sobre la situación económica del país que deberían haber tenido una amplia difusión en todos los medios de comunicación, pero los intereses económicos y los compromisos de esos medios con el gobierno impidieron que fuera así.

En la República Dominicana ocurre todo lo contrario a lo que sabiamente señaló Nelson Mandela: “Una prensa crítica, independiente y de investigación es el elemento vital de cualquier democracia. La prensa debe ser libre de la interferencia del Estado. Debe tener la capacidad económica para hacer frente a las lisonjas de los gobiernos. Debe tener la suficiente independencia de los intereses creados para ser audaz y preguntar sin miedo ni ningún trato de favor. Debe gozar de la protección de la Constitución, de manera que pueda proteger nuestros derechos como ciudadanos”.  La verdad es que los políticos que nos gobiernan no sólo han comprado la prensa dominicana, sino a otros medios de comunicación y a organizaciones de la sociedad civil y, en tal virtud, manejan a su antojo la opinión pública.  

Ceara escribió un artículo titulado “La Desigualdad en R.D.: Un Patrón a Largo Plazo” y Selman el artículo “Deuda Pública: El Caso de la República Dominicana”. Recomiendo a todos aquellos que deseen conocer mejor la verdadera situación económica y social de nuestro país, y sus nefastas consecuencias para todos nosotros, leer esos brillantes trabajos.

En los Cuadros que figuran al final de este artículo, y que sirven de base para las informaciones que analizo más adelante, se puede confirmar que desde el año 2000 los dominicanos hemos aportado al Gobierno, en forma de impuestos, la cantidad de RD$2.3 billones, pero esa extraordinaria suma de dinero no se ha traducido en verdaderos servicios de calidad a la ciudadanía, sino que ha sido robada, dilapidada y tirada al barril sin fondo que representa el gobierno dominicano y todas sus instituciones ineficientes y obstaculizadoras al desarrollo de la nación.

No satisfechos con esa acción de despilfarro, el gobierno gastó RD$316,018.6 millones en exceso a lo recaudado por concepto de impuestos, incurriendo en elevados déficits fiscales durante el período antes señalado y esos déficits fueron financiados principalmente con mayores impuestos que el gobierno impuso sobre nuestras espaldas y con préstamos internos y externos que comprometen al país y a la presente y futuras generaciones. Durante los años que van del 2008 al 2012 el Gobierno Nacional  registró déficits fiscales por un total de RD$333,163.5 millones, para un promedio de RD$66,632.7 millones por año. Esas son cifras impresionantes. Las proyecciones indican que el déficit será mayor en cada uno de los siguientes cuatro años.

Es bochornoso que le hayamos permitido al gobierno el robo y derroche de todos esos recursos, porque ha impedido que la población dominicana haya tenido la oportunidad de disfrutar de una mejor calidad de vida, lo cual constituye la razón fundamental para pagar impuestos.

Indudablemente la política oficial de gastos corrientes excesivos e improductivos, así como el mantenimiento de déficits fiscales que son financiados con aumentos de impuestos y endeudamiento público, no desaparecerán del escenario económico dominicano, sino que se mantendrán en los próximos años, y eso causará de manera inevitable que el gobierno no pueda cumplir con sus compromisos financieros de pago del servicio de  la deuda pública y que enfrente  serias dificultades para cubrir sus déficits.

Los mayores impuestos y la política económica errada del gobierno siguen empujando a la ciudadanía a la evasión por cualquier vía y a la informalidad.

Si analizamos las estadísticas del Banco Central en cuanto al número de personas empleadas en las diferentes ramas de actividad económica, podremos observar que los ciudadanos perceptores de ingresos en el sector formal pasaron de 1,457,223 en el año 2000 a 1,752,806 en el 2012, para un aumento de un 20.3%; es decir, un incremento de sólo un 1.7% anual. En contraste, la población ocupada en el sector informal subió de 1,622,815 en el 2000 a 2,246,171 en el 2012, lo cual representó un aumento de un 38.4% durante ese período, para un 3.2% anual.

Lo anterior significa que mientras en el 2000 el sector formal absorbía un 47.3% de los empleos, en el 2012 ese porcentaje se redujo a un 43.8%, en tanto que el sector informal subió de un 52.7% en el 2000 a un 56.2% en el 2012. Esas cifras son de por sí impactantes porque evidencian el crecimiento del sector informal como resultado de una política económica que genera un bajo nivel de empleos y que estimula la informalidad y la exclusión social. Casi un 70% de los empleos que se crean cada año corresponden al sector informal.

De hecho, el crecimiento económico logrado durante el período 2000-2012 no se tradujo en una disminución de la tasa de desempleo. Al contrario, ese indicador económico subió de 13.9% en el 2000 a un 14.7% en el 2012, uno de los más altos de América Latina, lo cual constituye una indicación fehaciente de la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales para estimular nuevas inversiones en los sectores que generan más empleos y una mayor productividad.

Las informaciones económicas disponibles reflejan que el crecimiento económico de un 3% previsto para el presente año 2013, no será suficiente para reducir la tasa de desempleo actual y que la economía no podrá absorber la cantidad de personas que anualmente se incorporan a la población económicamente activa (PEA), la cual crece  un ritmo de 2.2% por año.

A pesar de que el Banco Central indica que al final del 2012 había 193,882 personas empleadas en el sector de Administración Pública y Defensa, lo cierto es que, a pesar de la poca transparencia gubernamental y la ausencia de estadísticas al respecto, la propia Contraloría General de la República publicó que al mes de julio del 2012 había 609,525 empleados en el sector público, con una nómina total de RD$9,234 millones. En 20 ministerios había 465,807 empleados, mientras en las 480 instituciones del sector público descentralizado había 143,718. Cabe aclarar que estos datos no incluyen los miles de militantes del partido en el gobierno que cobran sin trabajar a través de las llamadas “nominillas”.

Debemos recordar que Danilo Medina, siendo candidato a la Presidencia, manifestó: “si a mí me preguntaran con cuántos empleos tú crees que pueda funcionar el Estado, diría que con 125,000 ó 150,000. El resto está de más”. El exceso, según el propio Medina, es de 485,000 empleados; es decir, casi cuatro veces más que la cantidad que él considera necesaria!!!

Mientras la nómina pública crece continuamente, el valor real del salario mínimo disminuye. Aunque el sector privado acordó recientemente con gremios profesionales y organizaciones sindicales un aumento general de salarios de un 14%, lo cierto es que ese incremento no compensa la pérdida promedio anual que registró el valor real del salario mínimo en el período 2000-2012.

Tanto el Presidente Medina como el Ministro de Hacienda criticaron acremente el porcentaje de aumento de salarios en el sector privado, por considerarlo bajo. El Presidente incluso instó a los patronos “a tomar conciencia, ya que con salarios de miseria, pagándoles cheles a los empleados, las empresas no pueden crecer”.  Es irónico que el presupuesto de ingresos y gastos públicos no contemplara un aumento de los sueldos a los servidores del Estado para el 2013, sino que los éstos tendrán que esperar hasta que se consigne el aumento en el presupuesto para el año 2014, con la esperanza de que sea un incremento de gran importancia como pareció insinuar el Presidente. Debemos recordar que el salario mínimo en el sector público es bastante más bajo que en el sector privado.  

No es que el Presidente esté equivocado, pero con afirmaciones demagógicas como las suyas no se resolverá nunca el problema de la reducción del valor real del salario mínimo y su estrecha relación con el alto nivel de pobreza en la República Dominicana. Se necesitan acciones concretas, no simples palabras. El hecho es que el 80% de los dominicanos empleados devenga salarios inferiores a los RD$15,000 mensuales y que en el 62% de las provincias del país el ingreso promedio es menor que el costo de la canasta familiar. Ese es el problema que el Presidente debería enfrentar con políticas adecuadas que propicien mayores y mejores empleos.

El Presidente Medina debería recordar que los numerosos aumentos de impuestos ejecutados por los gobiernos de Leonel Fernández y el que se produjo a inicios de su propio gobierno, causaron un daño sustancial a todos los empleados que devengaban los salarios mínimos y los colocó en una posición de dificultad para satisfacer sus necesidades básicas.

Por otro lado, cuando se analizan las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) desde el año 2000 es fácil observar que los sectores productivos, que son los que generan la mayor cantidad de  empleos, han ido disminuyendo gradualmente en importancia dentro del PIB, de modo que el sector agropecuario se redujo de un 8.5% de participación en el año 2000 a un 7.6% en el 2012, mientras el sector industrial bajó de un 34.3% a un 25.6% durante el mismo período. Lo opuesto sucedió con el sector servicios, que se elevó de un 46.8% en el 2000 a un 52.7% en el 2012. Lo impresionante es que el sector servicios, que se caracteriza por una baja generación de empleos fijos, ya representa más del 50% del PIB.

Los impuestos a la producción netos de subsidios que el gobierno les impone a los sectores productivos pasó de un 10.5% del PIB en el 2000 a un 14.1% en el 2012. Si a ese 14.1% de los impuestos le agregamos el 52.7% del sector servicios, comprobaremos que el 66.8% del PIB correspondiente al 2012 está concentrado en actividades no productivas que tienen un peso muy elevado en el consumo, sin una contrapartida de aumento en la producción o en el nivel de empleo, lo cual es una fórmula segura para la creación de problemas serios en la economía.

De igual forma, en los cuadros anexos se observa que el crecimiento de las recaudaciones del gobierno a través de los impuestos a la producción fue mucho mayor que el crecimiento de la economía en el período 2000-2012 y eso es incompatible con los estímulos que el gobierno debería producir para promover nuevas inversiones privadas en actividades productivas.

La situación de la Balanza de Pagos es igualmente desalentadora. En todos los años del período 2000-2012 la balanza comercial, que consiste en las exportaciones totales menos las importaciones totales (nacionales y de zonas francas), registró un saldo negativo que subió de US$3,741.8 millones en el 2000 a US$8,678.9 millones en el 2012, al tiempo que la renta neta de inversión (ingresos recibidos por el Banco Central y otros ingresos, menos egresos por intereses, utilidades y otros) también fue negativa en todos esos años, pasando de US$1,041.3 millones a US$2,212.3 millones.

Lo anterior fue compensado parcialmente por el saldo tradicionalmente positivo de la balanza de servicios (ingresos por viajes y otros ingresos, menos egresos por fletes y otros egresos) y de las transferencias corrientes netas (remesas familiares, remesas sociales, indemnizaciones y otras donaciones al gobierno y privadas). Aun así el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos (que es igual a la suma de los saldos de la balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de inversión y las transferencias corrientes netas) llegó a acumular un valor negativo de US$25,009.3 millones, siendo los déficits de los últimos cinco años los más significativos. Esta situación es, a todas luces, preocupante.

Ahora deseo llamar la atención de mis lectores hacia los niveles de endeudamiento público. La República Dominicana se encuentra hoy en una situación mucho más peligrosa y precaria que diez años atrás. En los últimos años el Gobierno ha estado tomando prestado tanto dinero que pronto no le será posible pagar ni siquiera los intereses de esos préstamos.

La deuda del sector público consolidado (SPC) ha aumentado de US$5,183.7 millones en el 2000 a US$35,052.7 millones en junio del 2013, para un crecimiento de un 576.2%; es decir, un incremento anual promedio de un 46.1%. La deuda del SPC ha pasado de un 21.7% del PIB nominal en el 2000 a un 58.0% a junio del 2013, mientras el servicio de esa deuda pasó de RD$7,600.0 millones en el 2000 a RD$107,334.5 millones en el 2012, sin incluir el sector público financiero, integrado por el Banco Central, el Banco de Reservas, el Banco Agrícola y el Banco Nacional de la Vivienda, cuya deuda ascendió a US$12,832.9 millones al final del 2012. Mientras el servicio de la deuda al año 2000 representaba un 14.7% de los ingresos totales del Gobierno Nacional, en el 2012 subió a un 33.2%. Esas cifras son alarmantes y significan que por cada cien pesos que ingresaron al gobierno en el 2012, nosotros tuvimos que aportar en impuestos la cantidad de 33 pesos para que el gobierno pudiera cubrir el pago de los intereses y las amortizaciones del capital adeudado.

El SPC tiene una deuda que es igual a 4.6 veces el total de ingresos corrientes, ingresos de capital y donaciones del Gobierno Nacional. Ningún país en el mundo se ha hecho más rico o ha progresado más mediante un endeudamiento intenso. Todo lo contrario. Cuando observamos más de cerca el funcionamiento del Gobierno Dominicano tenemos que llegar a la conclusión de que éste se maneja en un desorden total, administrando los recursos del Estado de manera inescrupulosa, irresponsable y, en muchos casos, violatoria de la ley, operando muy por encima de sus posibilidades.

Cualquier familia que manejara sus finanzas como lo hace el gobierno hubiera colapsado al llegar a tales niveles de endeudamiento y de compromisos de pago. El Gobierno Dominicano todavía sobrevive porque tiene a todo un pueblo subyugado y sobrecargado de impuestos. Ciertos economistas y el FMI alegan que la presión tributaria en la República Dominicana es baja porque sólo ven las cifras frías. Lo que no dicen es que a pesar de que la presión tributaria es nominalmente baja, los aumentos de impuestos sólo han servido para despilfarrar más nuestros recursos, sin que el segmento de la población que siempre paga sus impuestos y los que no los pagan reciban los beneficios que deben derivarse de esos pagos.

Lo que la ciudadanía recibe, más bien, son perjuicios que se reflejan en su baja calidad de vida y en el hecho de tener que cubrir el costo de construcciones, equipos y servicios privados para compensar la irresponsabilidad del gobierno, evidenciada en la falta de servicios de agua potable, energía eléctrica, seguridad, educación, transporte público y atención médica. Para colmar el caos oficial, el sistema judicial está podrido, la policía nacional es una mafia de delincuentes, el congreso es una cueva de ladrones, hay corrupción, narcotráfico y alta delincuencia, mientras el país funciona como el tránsito nuestro de cada día: un verdadero desorden. Y es precisamente para vivir en ese desorden que hemos pagado al gobierno RD$2.3 billones en impuestos desde el año 2000. Parece que somos masoquistas.

De hecho, sólo por concepto de subsidio eléctrico, el gobierno ha desembolsado US$4,800 millones desde el 2008 y cada año al pueblo se le engaña con afirmaciones de que el problema para suministrar un servicio estable de energía eléctrica será resuelto en breve, un problema que ya ha cumplido 49 años.

Los estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde hace varios años identifican numerosas realidades sociales que caracterizan la República Dominicana y, de conformidad con lo que señala esa organización en su último informe del 2012, el crecimiento económico que ha disfrutado nuestro país en los últimos 10 años no se ha traducido en un incremento de las oportunidades reales que tiene la población para mejorar su calidad de vida, ni ha habido una inversión social que fomente el desarrollo humano de la gente.

El PNUD indica que más de un 40% de la población dominicana continúa en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, de modo que el país se encuentra en los lugares más bajos entre las naciones latinoamericanas de menor ingreso e incluso de menor desarrollo humano que el nuestro.

La alta densidad en las zonas urbanas ha generado mayores necesidades de capital humano y servicios básicos que no son satisfechas por el Gobierno y es cada vez más difícil proveer servicios de salud y educación, con la calidad necesaria, al conglomerado de personas que ocupa desordenadamente esas zonas.

Para que usted tenga una idea de lo mal que andamos, un solo dato es suficiente: las tasas de mortalidad materna e infantil han aumentado en vez de bajar. La mortalidad materna se incrementó de 74.4 por cada 100,000 nacidos vivos en el 2004 a 81.9 en el 2011. En el caso de la mortalidad infantil, ésta se elevó de 15.8 por 1,000 nacidos vivos a 27.8 por 1,000 cuando la estimación la hace el Ministerio de salud.

Según el PNUD, “junto con la baja calidad de atención sanitaria coexisten otros factores que requieren intervenciones impostergables, pues contribuyen a agravar esta problemática y se vinculan entre sí, tales como las limitaciones de acceso a servicios de atención preventiva y especializada adecuada, la falta de acceso a educación de calidad, la exclusión social y de género en materia de oportunidades laborales, socioeconómicas y participativas, así como la ausencia de intervenciones integrales que promuevan un desarrollo biopsicosocial de las personas, basadas en el respeto, los derechos sociales y la realización del ser humano”.

El propio Censo de Población que se realizó en el 2010 muestra que el 40% de las madres adolescentes no terminan el nivel primario de escolaridad, mientras que de las jóvenes que no han tenido hijos, sólo el 18% logra completar la primaria. Esto quiere decir que los bajos niveles educativos reducen significativamente las posibilidades de las jóvenes madres de insertarse en el mercado laboral en empleos de calidad, lo cual les permitiría tener un mejor nivel de vida y salir del círculo vicioso de la pobreza.

En conclusión, la situación de nuestra economía es muy delicada, tal como lo han venido advirtiendo economistas serios que no venden sus ideas por jugosas comisiones o por cargos  públicos. El modelo económico que se ha estado ejecutando ha demostrado que no resuelve los problemas fundamentales de la población, sino que los acentúa, y la forma inescrupulosa,  ineficaz y malsana con que han sido administrados nuestros recursos ha colocado al país al borde de una crisis económica y social de grandes proporciones.

Ese modelo económico y social sólo promueve la desigualdad y los bajos niveles salariales. De hecho, los salarios reales, que se redujeron drásticamente por la crisis del 2003, aún no se han recuperado. Todo programa de desarrollo de cualquier gobierno debe contemplar una mejoría significativa en las tres dimensiones del índice de desarrollo humano: una vida larga y saludable, acceso de niveles de educación de calidad y un nivel de vida digno. Está comprobado que los programas que ha implementado el gobierno dominicano han fracasado estrepitosamente en lograr esos objetivos y que el crecimiento económico no se ha traducido con la misma intensidad en las áreas de la salud, educación y calidad de vida, ni en una mejor distribución de los ingresos.

Si bien es cierto que Danilo Medina ha aumentado su popularidad política mediante contactos directos con los ciudadanos, con el aumento del presupuesto a la educación, la negociación con la Barrick Gold y con visitas sorpresas a comunidades del interior del país, ordenando la realización de pequeñas obras y aportes para satisfacer necesidades aisladas, también es cierto que los problemas económicos y sociales dominicanos son tantos, complejos y de tal envergadura que es imprescindible que sus soluciones obedezcan a una estrategia definida de desarrollo y no al clientelismo y a la demagogia.

Esa visión del actual Presidente podrá ser útil para una posible reelección, de la cual ya se está hablando apenas transcurrido un año desde su toma de posesión, pero es completamente inservible a la luz de las grandes debilidades institucionales que impiden que las entidades gubernamentales encargadas de resolver los problemas que el Presidente comprueba personalmente puedan cumplir con su misión.

Lo lamentable es que parece muy difícil que el Presidente Medina tome la decisión de cambiar el rumbo económico y social que lleva la República Dominicana, pues su política de parches y de clientelismo le está dando magníficos resultados políticos, aun cuando perjudique a las grandes mayorías nacionales que tienen sus ojos cerrados por la ignorancia frente a la realidad agobiante que vivimos.

Aunque es urgente un cambio de modelo económico para hacer un mayor énfasis en aumentar la producción y la productividad y adoptar una política de inclusión social que alivie sustancialmente los problemas que padece la generalidad de las clases más bajas, el gobierno no parece inclinado a ello.

La única manera de lograr el cambio que se requiere para que el Gobierno y los políticos varíen su actitud y se adopten políticas que beneficien a la mayoría de la población y no a la minoría compuesta por los políticos y los ricos, es que el pueblo se haga consciente de su poder y lo ejerza.

Pero quizás eso es pretender demasiado, a la luz de la ignorancia, apatía e idiosincrasia de este pueblo.

Nota: Pido disculpas a mis lectores porque la configuración de mi Blog me ha impedido anexar los cuadros estadísticos que han servido de base para el análisis contenido en mi Artículo. He adjuntado esos cuadros a las personas a quienes he enviado directamente este artículo. Sin embargo, aquellas personas que accedan a mi Blog y no dispongan de dichos cuadros solo tienen que escribirme a eddyleyba@hotmail.com para solicitarlos. Con mucho gusto se los enviaré.